La Junta de Andalucía tiene previsto aprobar este martes los

anteproyectos de ley de Memoria Democrática y de Protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios sobre la vivienda.

Así consta en el orden del día del Consejo de Gobierno publicado por la Oficina del Portavoz en su página web, consultada por Europa Press, y en el que también se anuncia un informe de la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, sobre el acceso a nuevas terapias y el seguimiento del Plan Andaluz de Urgencias.

Sobre las dos futuras leyes, el vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales anunció el 19 de diciembre que ya contaban con el informe favorable del Consejo Consultivo, por lo que predijo que sendos proyectos se debatirían en el Parlamento "en el próximo periodo sesiones", que se iniciará en febrero.

Ambos anteproyectos de ley fueron remitidos al Consejo Consultivo a principios de diciembre. El de Memoria Democrática fue enviado casi nueve meses después de iniciar su tramitación en el Consejo de Gobierno el pasado 11 de marzo, mientras que el de protección de derechos de los consumidores en la contratación hipotecaria lo hizo más de un año después de pasar por el Consejo de Gobierno, que le dio luz verde el 17 de septiembre de 2013.

Según adelantó en su día el propio Valderas, la futura Ley de Memoria Democrática prevé que la Junta podrá "expropiar temporalmente" el uso de terrenos privados para hacer exhumaciones en caso de que el propietario no conceda su consentimiento y fija un plazo de 18 meses para la eliminación de símbolos franquistas en calles y plazas de la comunidad.

Por su parte, la futura Ley para la protección de derechos de los consumidores en la contratación hipotecaria obligará a los notarios y registradores de la propiedad a advertir de "cláusulas abusivas" antes de firmar una hipoteca y a ponerlas en conocimiento tanto del usuario como del centro directivo de la Junta de Andalucía competente en materia de consumo para iniciar el correspondiente expediente sancionador.