Las peticiones para reabrir el caso 4-F se suceden desde que el sábado por la noche lo emitiera el Canal 33, de TVC, el documental Ciutat morta (ciudad muerta). La cinta denuncia irregularidades policiales y judiciales en el caso del desalojo de una casa okupa del centro de Barcelona, en el que un guardia urbano quedó en estado vegetativo y por el que fueron condenados cinco jóvenes que siempre defendieron su inocencia. Una de ellos, Patricia Heras, acabó suicidándose durante un permiso penitenciario. El propio Ayuntamiento de Barcelona remitirá el documental a la Fiscalía para que lo analice.

Con el apoyo de todos los grupos municipales, emitirá un escrito a la Fiscalía Provincial pidiendo que reabra el caso al entender que el documental aporta "nuevas pruebas". Además, los servicios jurídicos del consistorio también revisarán el caso. "Lo revisaremos todo", ha afirmado el primer teniente de alcalde, Joaquim Forn, 48 horas después de la emisión de este documental —proyectado hace dos años en varios festivales— que cuestiona la culpabilidad de personas condenadas, algunas de las cuales denunciaron haber sido torturadas.

En cualquier caso, el también concejal de Interior ha defendido el trabajo de la Guardia Urbana, que cuenta con 3.000 agentes. También se ha pronunciado sobre el documental el consejero de Interior, Ramon Espadaler. "Respetamos la libertad de expresión, lo que no significa que suscribamos la tesis del documental, y también respetamos las decisiones: hay sentencias firmes", ha afirmado.

Los hechos se remontan al 4 de febrero de 2006, cuando se celebró una macrofiesta en una casa okupada de la calle Sant Pere Més Baix, en el distrito de Ciutat Vella de Barcelona y que era propiedad del Ayuntamiento. Un agente de la Guardia Urbana quedó gravemente herido a consecuencia de un impacto en la cabeza. El documental recuerda que inicialmente se dijo que desde el edificio se lanzó un tiesto —en las imágenes de un vecino se oye claramente las órdenes de llevar casco porque estaban lanzando objetos desde el edificio— pero después se dijo que fue a causa de una pedrada.

En cualquier caso, varias personas fueron arrestadas en la calle —tres de ellas, de origen sudamericano, denunciaron torturas y fueron los únicos en entrar en prisión preventiva aunque no eran los únicos extranjeros— y, según el documental, otros dos jóvenes fueron detenidos en el Hospital del Mar, adonde habían acudido tras sufrir un accidente de bicicleta. Los cinco fueron condenados por la Audiencia de Barcelona pese a que siempre defendieron su inocencia y el Supremo elevó la condena cuando recurrieron esperando ser exonerados. Durante un permiso penitenciario, Patricia Heras se suicidó.

Los directores del documental , Xavier Artigas y Xapo Ortega —que ya trabajan en un nuevo proyecto sobre la muerte "de forma inexplicable" de un joven en el CIE de la Zona Franca la noche de Reyes de 2012—, esperan que el impacto mediático que ha provocado la proyección del documental en el 33 —que consiguió la mayor audiencia de su historia con 569.000 espectadores y casi un 20% de share y ya se ha visualizado 100.000 veces en la web— permitan reabrir el caso 4-F para "hacer justicia" en un juicio en que se vulneró " la presunción de inocencia".

En una entrevista a RAC1, ambos han lamentado el tuit del Sindicato de los Mossos d'Esquadra (SME), que el sábado por la noche animó los espectadores a "ir al cine" salvo que quisieran ver algo de "fantasía", en cuyo caso les instaban a poner el 33. Para Artigas y Ortega es es una declaración "lamentable" y "desafortunada", y han recordado que las voces contrarias a la historia que relatan no han hablado "porque no han querido".

En cuanto a los cinco minutos del documental que no se emitieron por orden judicial, el periodista de La Directa Jesús Rodríguez ha explicado que está citado a declarar por las declaraciones que hizo sobre el exjefe de información de la Guardia Urbana, Víctor Gibanel, que le reclama 45.000 euros de indemnización por vulneración del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. La alcaldesa de Gavà, Raquel Sánchez, ha calificado como "altamente positiva" la tarea de Gibanel al frente de la Policía Local de la ciudad. En cualquier caso, ha pedido a la justicia que valore la posibilidad de reabrir el caso si hay indicios o pruebas.

El concejal de Interior también se ha referido a los minutos censurados en los que se veía a Gibanel siendo condecorado. El concejal de Interior ha asegurado que se trató de una distinción ordinaria que recibe cualquier agente cuando lleva 25 años de servicio. Asimismo, ha recordado que las pensiones por incapacidad que perciben los agentes condenados por torturas y falso testimonio dependen de la Seguridad Social y no del consistorio.

El diputado de la CUP David Fernández considera que es "obvio" que el caso debe reabrirse y, en la misma emisora, ha apuntado que hay diferentes mecanismos para hacerlo. Podría hacerlo la Fiscalía de oficio o después de que alguien aporte información adicional. Además, ha avanzado que la CUP llevará la cuestión al Parlamento catalán "desde un punto de vista de reflexión sobre qué tipos de dinámicas de impunidad y de búsqueda de una cabeza de turco había el 2006".

Fernández ha defendido que en un "hecho grave" como las heridas irreversibles que sufrió el agente de la Guardia Urbana, buscar una cabeza de turco no hace justicia ni es ninguna solución. "Es un proceso kafkiano que acaba en una terrible impunidad", ha añadido el diputado, quien ha recordado que dos de los agentes implicados, condenados por torturas y por falsificar un atestado en otro caso, perciben una pensión vitalicia por incapacidad.

La portavoz de Ciutadans (C's) en el Parlamento, Carina Mejías, también se ha mostrado partidaria de abrir una investigación para "llegar hasta los responsables" de los hechos denunciados, y ha considerado que es "importante que se haga". "La sombra de sospecha sobre los cuerpos de seguridad pone en circunstancias difíciles el conjunto de la ciudadanía", añadido Mejías, que ha asegurado que Ciutadans defienden "el respecto de los derechos humanos". Por eso, pide llegar hasta el final para "evitar y combatir estas prácticas" e "implantar un código ético".

Desde ICV han reconocido que el partido "podría haber hecho más" para esclarecer el caso pero han afirmado que hubo "opacidad".

Por su parte, Jordi Hereu, que fue concejal de Seguridad y Movilidad en 2006, también ha solicitado que se reabra el caso y ha afirmado que actuó "con total corrección".

El Síndic de Greuges (el defensor del pueblo catalán) ha abierto este lunes una actuación de oficio con el objetivo de llegar a conseguir todos los informes de todas las administraciones implicadas en el caso y ha pedido tiempo para poder evaluarlos. Asimismo, Rafael Ribó, quien ha denunciado en varios informes que en algunas dependencias policiales no se garantizan los derechos de los detenidos, ha asegurado que nunca habían recibido ninguna queja relacionada con el caso que denuncia la película.

La fiscalía ha advertido que no puede reabrir el caso basándose sólo en el documental porque éste no es una prueba jurídica que permita revocar una sentencia firme.