El fiscal Javier Carceller, encargado de la causa contra el anestesista Juan Maeso, condenado a 1.933 años de prisión por el contagio del virus de la hepatitis C a 275 pacientes intervenidos quirúrgicamente en cuatro hospitales de la capital entre los años 1988 y 1998, ha solicitado una vista para pedir la prisión provisional para el facultativo al considerar que existe riesgo de fuga.
Carceller avanzó esta iniciativa en una rueda de prensa a los medios de comunicación, después de conocerse el fallo contra el anestesista que fue leído este martes públicamente en el salón de actos de la Ciudad de la Justicia de Valencia en presencia de afectados y abogados y en ausencia del condenado.
Así, el fiscal explicó que este martes, tras conocer la sentencia de condena, solicitó una vista para pedir la prisión provisional de Maeso, al tiempo que matizó que cuando la sentencia no es firme, "permite ingresar en prisión" al acusado hasta la mitad del tiempo máximo de la condena, en este caso, "10 años, porque el máximo se establece en 20 años".
En este sentido, Carceller puntualizó que el anestesista podría pasarse hasta un máximo de 10 años en prisión preventiva, mientras se tramita el recurso de casación, "aunque no sería por tanto tiempo", auguró.
Sin pasasporte desde 1998
En cuanto al riesgo de fuga, Maeso no dispone de su pasaporte desde 1998, aunque el fiscal matizó que en el ámbito de la Comunidad Económica Europea y "con la libertad de movimientos que existe", apostilló, "hay muchos sitios donde poder marcharse, y con el propio Documento Nacional de Identidad (DNI) se puede salir del territorio".
Ha sido en el juicio donde hemos explicado la prueba de cargo, y no en los medios de comunicación
Preguntado por su valoración personal sobre la sentencia, afirmó que "estima todas las peticiones del fiscal fundamentadas en unos hechos que siempre hemos entendido muy claros y que constantemente se negaban".
Puntualizó, en este sentido, que el fiscal "nunca ha salido antes de la sentencia a discutir nada en los medios de comunicación porque ha querido ser garante de la independencia a los jueces y de la realización de un proceso justo teniendo en cuenta el derecho a la presunción de inocencia del procesado".
"Por este motivo -agregó- en la opinión pública, a través de las noticias que se estaban filtrando, no había una transparencia sobre cuáles eran los argumentos que defendía el fiscal, ya que éste los expuso en su informe, antes no había explicado nada nunca".
"Calco de la postura del fiscal"
Carceller subrayó que la sentencia "es un calco de la postura del fiscal" excepto en que "rebaja exclusivamente un año la pena por cada afectado, de ocho a siete años" por el delito de lesiones. Señaló que "se ha respetado la posición del fiscal, no sólo por la condena por delito doloso por lesiones, sino también por fallecimiento, entendiendo una disfunción entre lo querido y el resultado".
La condena es conforme con la posición que ha mantenido el fiscal desde el principio, con las conclusiones provisionales y con las definitivas
En su opinión, la condena "es absolutamente conforme con la posición que ha mantenido el fiscal desde el principio, con las conclusiones provisionales y con las definitivas". Así, indicó que las responsabilidades civiles "también quedan cubiertas".
Además, mostró su satisfacción porque la sentencia condena a la Conselleria de Sanidad "no sólo por las actuaciones en las que el procesado intervino como facultativo de la medicina pública, sino también por las que realizó en la medicina privada".
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