El PSOE exigirá el miércoles a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, explicaciones sobre el conflicto laboral de Coca-Cola Iberian Partners, embotelladora de la multinacional, y pedirá responsabilidades al Ministerio del Interior por las cargas contra los trabajadores que este jueves ha protagonizado la Policía Nacional en la planta de Fuenlabrada.

Así lo ha avanzado a Europa Press el portavoz socialista de Empleo y diputado por Madrid, Rafael Simancas, recordando que el PSOE se ha opuesto "desde el comienzo del conflicto" a la aplicación de un expediente de regulación de empleo (ERE) a más de 800 trabajadores en una empresa con "fuertes beneficios".

Un hecho especialmente sangrante, a su juicio, en el caso de la factoría madrileña, que hasta ahora era "la más grande, moderna y actualizada tecnológicamente" del país, así como la que mejores registros de productividad tenía, y cuyo cierre "no estaba justificado de ninguna manera".

Por eso, Simancas exige a Coca-Cola que cumpla con la sentencia de la Audiencia Nacional que le obliga a readmitir provisionalmente a los 350 empleados madrileños en sus puestos mientras se resuelve el recurso presentado contra el fallo ante el Supremo. "Si su puesto estaba en Fuenlabrada entendemos que deben recuperar esos puestos para dar cumplimiento al fallo", ha precisado.

Soslayar el fallo

Algo que Coca-Cola Iberian Partners estaría intentando soslayar recolocando a los afectados en otros centros del país. De hecho, este jueves ha enviado a algunos operarios a la fábrica de Fuenlabrada para inventariar el material de la factoría que será enviado a las plantas de Valencia y Sevilla, así como para realizar labores de mantenimiento y retirar parte de los equipos.

Sin embargo, los trabajadores temen que la empresa pretende desmantelar la fábrica para evitar las readmisiones por la vía del hecho consumado, lo que ha generado un enfrentamiento entre los trabajadores acampados a las puertas del centro y agentes de la Policía Nacional que se ha saldado con varios heridos, entre ellos la vicealcaldesa de Fuenlabrada, Teresa Fernández, un representante sindical y una edil de IU en Getafe.

"Entendemos que la acción de la empresa de retirar los equipos pone de manifiesto su intención de incumplir la sentencia. Es muy lamentable que los trabajadores, además del drama de la pérdida de sus empleos, tengan que sufrir este tipo de situaciones", ha criticado el responsable del PSOE, que pedirá "explicaciones" sobre el "alcance de la actuación y los métodos utilizados" por la Policía Nacional en las cargas contra los trabajadores.

Culpa de la reforma laboral

Pero, además, Simancas aprovechará la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso del próximo miércoles para preguntar a Báñez sobre los "reveses judiciales que se está llevando el Gobierno" en relación con los EREs que se amparan en la reforma laboral de 2012 y que acaban siendo anulados por los tribunales, como el de Coca-Cola.

Asimismo, quiere que la titular de Empleo comparezca ante la comisión parlamentaria para "valorar" el "respaldo" que tanto la Audiencia como el TS están dando a los trabajadores que denuncian expedientes de regulación de empleo en empresas con beneficios.

"Los tribunales están amparando los derechos de los trabajadores que el Gobierno ha dejado al descubierto, y uno de los casos que pensamos citar será precisamente el de Coca-Cola", ha señalado el diputado madrileño, que exige al Ejecutivo la retirada de la reforma laboral y que "intermedie con las empresas para que ejecuten" los fallos judiciales que dan la razón a sus empleados.

Actuación "desproporcionada"

Por su parte, la diputada de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) Ascensión de las Heras ha calificado de "desproporcionado" el "uso de la violencia" que ha realizado la Policía Nacional en Fuenlabrada, hechos por los que pide que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, dé explicaciones ante la comisión parlamentaria correspondiente.

"Ha habido una clara extralimitación en las funciones encomendadas al dispositivo policial", ha asegurado la diputada madrileña, que ha presenciado cómo los agentes antidisturbios "arremetían de manera violenta contra los trabajadores, muchos de los cuales llevan semanas de guardia sin causar ningún tipo de problema" ante la fábrica fuenlabreña.

Asimismo, mediante una nota de prensa ha avanzado que registrará una batería de preguntas parlamentarias sobre la "responsabilidad" del Gobierno en el incumplimiento por parte de la multinacional de la sentencia de la Audiencia y del papel que han jugado las Fuerzas de Seguridad del Estado en la "defensa" de Coca-Cola "pese a contravenir lo dictado por la Justicia".

Y es que, a juicio de la diputada, la ley ampara a los trabajadores, que sólo se oponen "pacíficamente a las acciones torticeras" de Coca-Cola, que intenta "desmantelar totalmente la planta para que los trabajadores no tengan salida" y no tenga que readmitirlos.

Por eso, cree "incomprensible" que las Fuerzas de Seguridad del Estado "protejan los intereses de una multinacional que ha sido derrotada con todas las de la ley por la vía judicial, en vez de ocuparse de que se respete la sentencia en lo que tiene que ver con las instalaciones y los derechos de los trabajadores", muchos de los cuales no cobran su salario desde noviembre y tampoco pueden acceder al paro.

Evitar que la readmisión sea imposible

Finalmente, la portavoz de UPyD en el Congreso, Rosa Díez, ha registrado este mismo jueves una pregunta parlamentaria dirigida al Gobierno para que le aclare si tenía "conocimiento previo" de la intención de Coca-Cola de "proceder hoy mismo al desmantelamiento" de la fábrica en Fuenlabrada, así como si "aprueba" esta decisión.

En su texto, al que ha tenido acceso Europa Press, la formación magenta también pregunta si la orden de "desmontar el campamento de los trabajadores", que ha provocado los incidentes y las cargas policiales, partió del Ministerio del Interior.

Finalmente, como ya hiciera el lunes mediante otra pregunta escrita, UPyD pide al Ejecutivo que tome medidas para "evitar que el desmantelamiento de la planta pueda hacer imposible, por la vía de los hechos consumados, el cumplimiento de la sentencia judicial" que declaró nulo el ERE y obligará a la readmisión de los trabajadores si es confirmada por el Tribunal Supremo, donde está actualmente recurrida.

De hecho, a juicio del portavoz económico de UPyD, Álvaro Anchuelo, el Gobierno tendría que actuar para "asegurar el rápido y correcto" cumplimiento del fallo.

Desde el Gobierno, sólo la delegada en Madrid, Cristina Cifuentes, se ha pronunciado sobre los incidentes para pedir a Coca-Cola Iberian Partners que cumpla la sentencia y a los trabajadores que planteen sus reivindicaciones "pacíficamente".

Además, ha defendido la intervención policial asegurando que fue la propia empresa la que pidió presencia policial ante el riesgo de que los trabajadores impidieran el acceso a las instalaciones y que fueron los trabajadores los que rompieron la valla para entrar en el recinto de la planta, instalando además barricadas en los accesos.

Coca-Cola insiste en que mantendrá una pequeña parte de la actividad en Fuenlabrada pero que el cierre de esta planta y otras tres es imprescindible, y reitera su compromiso de recolocar a todos los empleados madrileños en otros centros.