UGT en Jaén trata de reunir los en torno a 10.000 euros que debe abonar como consecuencia de una "sentencia firme" que le condena a pagar a Linaqua, empresa que gestiona el servicio de agua en Linares, una factura de 7.156 euros por una "fuga enorme" en su anterior sede y cuando ya se había trasladado a la actual, además de "tasas y abogados". De no lograrlo, teme que el juzgado pueda iniciar procedimiento de embargo de bienes.

Así lo ha indicado a Europa Press el secretario general del sindicato, Manuel Salazar, tras la reunión del Consejo Provincial celebrada este jueves en las actuales instalaciones en Linares, ubicadas en la calle Vicente de los Ríos. En ella, entre otras cuestiones, ha trasladado a las distintas federaciones de la "problemática" surgida a raíz de la sentencia del Juzgado de Instrucción número tres de la ciudad.

Según ha explicado, tanto la sede anterior, en la calle Tetuán, como ésta pertenecen al Gobierno central, que cedió a UGT su uso. "Al Ayuntamiento le interesaba por su ubicación, la antigua y propuso al Ministerio la permuta, con la que estuvimos de acuerdo dada las malas condiciones de la sede anterior", ha comentado.

A finales de 2011 y tras un "retraso por causas ajenas al sindicato", se mudó a las nuevas dependencias "sin firmar la permuta". Entonces, ya fuera de las que ocupaba antes, hubo en ellas un escape de agua. Fue "de tal magnitud", según ha añadido, que la propia Linaqua avisó al notar un "consumo desorbitado" que sólo podía explicarse con una fuga.

"Cuando llegamos, estaba totalmente inundado y, de hecho, los bomberos tardaron una mañana en desalojar el agua", ha señalado. Salazar, que ha recordado que la empresa es mixta y el Ayuntamiento participa con el 51 por ciento, ha afirmado que "quería cobrar la cantidad porque el consumo se había producido".

Por ello, se dirigieron al Consistorio, que "en un principio reconocía que UGT era perjudicada de algo ajeno y dijo que no habría problema". Sin embargo, "no dio la cara" y no se llegó a "una solución amistosa" a pesar de los intentos de UGT, la compañía reclamó en los tribunales una factura de 7.156 euros y "la justicia ha condenado" lo ha condenado en una resolución que ya es firme.

"No estamos de acuerdo, pero seguir recurriendo hubiera supuesto un incremento de las costas del procedimiento e intereses de demora ya bastante fuertes, de modo que, por consejo de abogados, no seguimos adelante", ha apuntado el secretario general.

Desde entonces, tratan de reunir esa cantidad más las correspondientes a "tasas y abogados" que suman unos 10.000 euros, incluso en conversaciones con entidades para firmar un préstamo, ya que UGT-Jaén "en este momento no tiene ese dinero". Mientras tanto, el temor es que "se pueda abrir un procedimiento de embargo" sobre bienes de la organización.