La Diputación de Sevilla va a colaborar con los municipios sevillanos involucrados en la liquidación de la extinta Mancomunidad del Bajo Guadalquivir, proporcionándoles posibilidades de financiación a largo plazo para hacer frente al pago de las deudas totales que cada uno de ellos mantiene con la citada entidad y que asciende, en total, a 16,9 millones de euros.

Esta colaboración se realizará a través del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal, (Opaef), mediante una de sus líneas de colaboración financiera, que permite a los ayuntamientos, con la garantía del organismo, la concertación de operaciones de préstamos a largo plazo, con entidades bancarias, en condiciones financeramente ventajosas.

Así se lo ha comunicado el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, a la alcaldesa de Lebrija, María José Fernández, que pilota el equipo que trabaja en la disolución de la Mancomunidad, tras una reunión de trabajo mantenida por ambos dirigentes. Un compromiso que complementa la asistencia técnica que la Diputación ha venido ofreciendo en este período a los ayuntamientos sevillanos integrantes de la Mancomunidad, "para la consecución de un proceso de disolución viable, pruedente y riguroso", en palabras de Villalobos.

En este encuentro, Fernández ha expuesto al presidente provincial el interés de los ayuntamientos de Las Cabezas, El Coronil, El Cuervo, Los Molares, Los Palacios, Utrera y Lebrija de buscar un mecanismo de financiación a más largo plazo que el anual, que ya había ofrecido la Junta de Andalucía durante 2014, como medida extraordinaria para hacer frente al pago de las deudas más perentorias de la Mancomunidad; que les permita asumir su aportación económica al proceso de disolución, sin poner en riesgo los servicios públicos básicos que prestan a sus ciudadanos.

Según ha explicado Rodríguez Villalobos, "la opción de que estos municipios puedan formalizar estas operaciones de crédito a largo plazo la hace posible el nuevo panorama legislativo que introduce la Disposición Adicional 78 a la Ley de Presupuestos Generales del Estado 2015, por la que se establece la posibilidad, hasta ahora no permitida, de que los municipios puedan acudir al mecanismo de financiación a largo plazo para cubrir gastos corrientes, como ocurre en este caso".

"La Diputación de Sevilla no sólo va a garantizarle a los municipios sevillanos de la Mancomunidad la posibilidad de acudir a este tipo de operaciones financieras, además, la vicepresidenta del Opaef, Rosario Andújar, y la alcaldesa de Lebrija, como presidenta de la Mancomunidad, van a a coordinar todo el proceso para que esta herramienta financiera facilite el proceso a los pueblos que la soliciten", ha dicho Villalobos.

El derrumbe de la mancomunidad

El pasado mes de abril de 2014, el pleno de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir aprobaba definitivamente su expediente de liquidación. El expediente en cuestión repartía entre todos los municipios mancomunados, siete de ellos de la provincia de Sevilla y cuatro de Cádiz, una deuda superior a los 42,6 millones de euros merced a su participación en la institución y otros aspectos como las deudas pendientes de pago entre los ayuntamientos y esta administración.

Tocaba así techo el conflicto derivado del colapso integral de esta institución que, a fecha de abril de 2013, contabilizaba un pasivo global de 52.204.879 euros, si bien esta cifra se redujo con medidas como el compromiso de la Junta de Andalucía de asumir el coste del sellado de los vertederos de Utrera y Lebrija, pertenecientes a la mancomunidad.

El expediente de liquidación, no obstante, estipulaba un plazo máximo de 60 días para que los ayuntamientos saldasen la cuota de deuda que caía sobre ellos, toda vez que entre estos consistorios figuran algunos especialmente asfixiados en el plano económico, como es el caso de Los Palacios y Villafranca y El Coronil.

En junio de 2014, no obstante, el consejo de gobierno de la Administración autonómica autorizaba anticipos de tesorería por un importe total de 16,54 millones de euros en favor de los once ayuntamientos que integraban la extinta Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Los anticipos, concedidos en función de las partidas que corresponden a los ayuntamientos por la participación en los tributos de la comunidad autónoma (Patrica) y en los ingresos del Estado (PIE), tenían un año de devolución y estaban destinados a inyectar liquidez a estos ayuntamientos para que hiciesen frente directamente al pago de las deudas asignadas a través del expediente de liquidación de la mancomunidad.

El alcalde de Utrera, Francisco Jiménez (PA), manifestaba finalmente en septiembre que su ayuntamiento y los de El Cuervo y Las Cabezas de San Juan habían saldado las deudas que les fueron atribuidas.