El Índice de Precios al Consumo ha bajado en La Rioja medio punto en el mes de diciembre, de modo que los precios al consumo se redujeron a lo largo del 2014 un acumulado del -0,9 por ciento. Una situación de deflación nada favorable puesto que "demuestra que la economía riojana no se ha reactivado", ha asegurado UGT en un comunicado. Por el contrario, la situación de deflación genera "además otros riesgos como una reducción mayor de consumo y de plantillas que en nada va a favorecer a la mejora de la competitividad riojana y a la economía regional".

Entre los grupos en los que más han bajado los precios este año destacan las Comunicaciones (-5,7 por ciento) y Transporte (-5,3), mientras destacan las subidas de Enseñanza (0,9 por ciento) y Ocio y Cultura (1,1 por ciento).

En cualquier caso, el consumo interno no se recupera debido a la falta de fluidez del crédito en las pymes y las familias, inmersas en un elevado nivel de endeudamiento, y por la caída generalizada de los salarios. De hecho, esta bajada de precios no se corresponde con una ganancia de poder adquisitivo de los trabajadores, ya que durante todo este año los salarios han continuado en una senda de deterioro.

En este sentido, la solución pasa por una reactivación del consumo de las familias, que sólo será posible si además de un crecimiento real de los salarios se produce un verdadero aumento del empleo.

Por otro lado, esta situación apenas afecta a los convenios colectivos sectoriales, cuya cláusula de revisión se encuentra redactada de acuerdo con el

Ii anc, de modo que al no darse exceso del IPC sobre la previsión del BCE esta cláusula no opera.

Además, conviene recordar que el pasado mes de diciembre, la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso aprobó con Competencia Legislativa Plena, el Proyecto de Ley de desindexación de la economía española, que actualmente está pendiente de entrada en el Senado. El Gobierno alega que el objetivo es la estabilidad de precios, debido a que la inflación es un proceso perjudicial para el crecimiento del país.

Y en este sentido, UGT considera que se trata de una medida incoherente, teniendo en cuenta que en la actualidad estamos en deflación, puesto que el IPC se ha ido moderando y se ha visto alterado no sólo por la dependencia energética de la economía española, sino por las subidas de precios que los Gobiernos han implantado en los sectores públicos, a golpe de Presupuestos Generales del Estado (con subidas de impuestos y tasas), y que ha afectado a ámbitos como los servicios básicos (basuras, alcantarillado, agua), la enseñanza, la medicina o el transporte.

Precios todos ellos con un impacto directo sobre la capacidad adquisitiva de los salarios y de las rentas de los ciudadanos.

La realidad es que aprovechando la "pretendida eliminación de su papel en los salarios y otras rentas (negociación colectiva, salario mínimo interprofesional, pensiones, IPREM, ayudas sociales y prestaciones, etc.), se intenta que quede relegado de sus funciones a la hora de renovar los precios de los bienes y servicios prestados por y a través de las Administraciones Públicas y trata de introducir alternativas de actualización de precios en las relaciones del sector privado, con consecuencias directas sobre el bolsillo de ciudadanos, pensionistas y trabajadores", ha concluido el sindicato.