El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha asegurado en declaraciones a la cadena COPE que no seguirá adelante en su pretensión de reformar la ley para que los responsables del Ministerio del Interior puedan ordenar la intervención de las comunicación sin permiso del juez, después de que el Consejo General del Poder Judicial emitiera un informe en el que advertía del difícil encaje en la Constitución española de esa modificación.

"Si el CGPJ considera que no tiene pleno encaje constitucional le puedo asegurar que renunciamos a esa iniciativa", ha asegurado, añadiendo que "ni el Ministerio de Interior, ni el de Justicia tenemos intención de seguir adelante, promover o imponer una iniciativa que tenga la más mínima duda de su adecuado encaje constitucional".

Sin embargo, ha recordado que la Ley de Enjuiciamiento Criminal ya permite al ministro del Interior ordenar la intervención de comunicaciones sólo por supuestos terroristas durante 72 horas antes de necesitar una orden judicial. Sin embargo, "cuando se aprobó esa Ley el smartphone no existía y hay que adecuar esa situación a la nueva realidad", ha asegurado.

Para el ministro las actuales leyes antiterroristas necesitan ser actualizadas para, entre otras cosas, adaptarse a la amenaza del terrorismo yihadista, que es "un terrorismo no convencional donde se diluye la pertenencia a la banda, donde Internet juega un papel fundamental para la comisión de delitos, para las para las radicalizaciones, la captación...", por lo que "necesitamos adaptar el Código Penal", ha insistido.

Fernández Díaz ha avanzado que sin embargo trabajarán en la renovación o adaptación de las leyes antiterroristas y que lo intentarán hacer en consenso con la oposición por ser un asunto de Estado. "Si hemos sido capaces de ponernos de acuerdo los países, ¿cómo no vamos a ser capaces los dos partidos más importantes de España?", se ha preguntado, tras lo que advertía que "tenemos mayoría absoluta para aprobarlos, pero sería muy bueno que el PSOE se sume".

En la SER, el ministro de Justicia, Rafael Catalá ha coincidido en que la idea era ampliar esta posibilidad a otras actividades delictivas graves como las cometidas por bandas organizadas, de trata de menores y de mujeres, para una mayor eficacia en las investigaciones.

No obstante ha coincidido en que si el CGPJ desconfía, "no queremos forzar las cosas y estamos dispuestos a negociar a la vista de los informes que se emitan y a reflexionar, para hacer un proyecto en el marco del mayor consenso posible". Por otra parte, ha comentado que espera tener este mes una propuesta de reforma del sistema de tasas judiciales

Fernández Díaz ha anunciado también que su departamento llevará a cabo medidas para aplicar en España el uso del registro de pasajeros de aviones en el marco de la lucha contra las nuevas formas de terrorismo como el yihadista. Ha avanzado que para finales de este año España tendrá la infraestructura tecnológica necesaria para implementar este registro.

Además ha adelantado que para que tenga soporte legal su intención es que el grupo popular introduzca en el Senado una enmienda al proyecto de ley de seguridad ciudadana para que las empresas de transporte de viajeros estén obligadas a facilitar esos datos en este ámbito.

Jorge Fernández Díaz cree también necesario reformar el Código Penal para adaptarlo a las nuevas formas de terrorismo ya que el actual "dota al Estado de instrumentos para derrotar a organizaciones con una jerarquía como ETA y los Grapo pero no contra terroristas como los yihadistas en los que la red juega un papel capital para el adoctrinamiento, la captación y la financiación".

Ha recordado que este registro, conocido como PNR, por las siglas en inglés de Registro de Nombres de Pasajeros, fue una iniciativa de la Comisión Europea y del Consejo Europeo de 2010, pero que el Parlamento Europeo lo paralizó al oponerse grupos como el socialista que consideraron que atentaba contra el derecho a la intimidad personal.

Ha aclarado que este registro busca prevenir y en su caso investigar eventuales delitos terroristas de tal forma que trata de aportar a un dispositivo tecnológico datos basados en perfiles de riesgo y al mismo solo tienen acceso los investigadores con las debidas garantías y reservas.

Para llevar a cabo todas estas medidas considera necesario llegar a acuerdos con el PSOE ya que la lucha contra el terrorismo es un "asunto de Estado", ha destacado, y por ello tanto él como el ministro de Justicia, Rafael Catalá, se reunirán con el grupo socialista.