Alcoy denunciará al fiscal el pago de más de un millón en sobrecostes a Ortiz por el Teatro Calderón

El alcalde de Alcoy (Alicante), Toni Francés (PSPV-PSOE) ha anunciado este lunes que el Ayuntamiento va a denunciar ante la Fiscalía el pago de más de un millón de euros en sobrecostes de las obras de reforma del Teatro Calderón al constructor alicantino Enrique Ortiz, imputado en el 'caso Brugal', después de que la Sindicatura de Cuentas haya detectado irregularidades en ese expediente.

El alcalde de Alcoy (Alicante), Toni Francés (PSPV-PSOE) ha anunciado este lunes que el Ayuntamiento va a denunciar ante la Fiscalía el pago de más de un millón de euros en sobrecostes de las obras de reforma del Teatro Calderón al constructor alicantino Enrique Ortiz, imputado en el 'caso Brugal', después de que la Sindicatura de Cuentas haya detectado irregularidades en ese expediente.

Francés ha comparecido en rueda de prensa junto a las concejalas Lorena Zamorano y Estefanía Blanes para informar de esa denuncia y de las principales conclusiones resultantes del informe de fiscalización sobre los ejercicios 2012, 2014 y 2014 de la Sindicatura sobre la corporación municipal.

Esta institución ha detectado "irregularidades en el pago de los excesos de obra" y va a remitir la documentación ahora al Tribunal de Cuentas por "la posible existencia de responsabilidad contable" en el mismo, según se recoge en el comunicado de prensa del consistorio.

El alcalde ha señalado que los sobrecostes ya fueron denunciados por el equipo de gobierno (PSPV, EU y Compromís) en los juzgados de lo contencioso-administrativo, pero éstos rechazaron el caso porque era extemporáneo, ya que la demanda se había presentado fuera de plazo, por lo que ahora ha optado por acudir a la vía penal con una denuncia en Fiscalía.

El gobierno municipal basa su denuncia en dos informes periciales que han detectado irregularidades en los sobrecostes abonados a Ortiz por las obras por un importe cercano a los 1,2 millones de euros. El Síndic de Comptes ha confirmado la existencia de esas posibles irregularidades, aunque ha rebajado la cifra de la cantidad supuestamente no justificada a 1,1 millones, según fuentes municipales.

La denuncia que presentarán en el Ministerio Público los servicios jurídicos del Ayuntamiento alcoyano va dirigida contra el contratista de las obras, Enrique Ortiz, y contra el técnico externo a la corporación que las certificó. Igualmente, el alcalde ha informado de que la documentación será remitida al Tribunal de Cuentas para que investigue la "posible responsabilidad contable" de los integrantes de la Junta de Gobierno Local que aprobó entonces los pagos.

Alcalde del pp

En esa época el consistorio estaba dirigido por el alcalde del PP Jordi Sedano y los concejales populares presentes en la junta eran Fernando Pastor, Javier Castañer, Ignacio Palmer, Amparo Ferrando, Rafael Sanus y Santiago Botella.

La denuncia no incluye a esos concejales porque se centra en la supuesta comisión de un "delito de estafa" y el mismo "recaería sobre el contratista, Enrique Ortiz", según ha explicado la concejal de Régimen Jurídico, Lorena Zamorano. En caso de que el Tribunal de Cuentas apreciara irregularidades contables, esas responsabilidades sí recaerían sobre Sedano y su equipo de gobierno, ha añadido la edil.

"Esperamos que se pueda llegar a pedir hasta la responsabilidad patrimonial de aquellos que han propiciado este fraude para que los alcoyanos y alcoyanas recuperemos más de un millón de euros que fueron a parar a Ortiz", ha dicho Zamorano.

Por su parte, tanto Francés como la concejal Estefanía Blanes han reclamado "responsabilidades" en el terreno político a los concejales del PP que siguen "ostentando importantes cargos públicos sin que ni siquiera hayan explicado públicamente las presuntas irregularidades en el pago de 1,2 millones de euros a Enrique Ortiz".

En cuanto al resto del contenido del informe realizado por la Sindicatura de Cuentas, esta institución no refleja más irregularidades en los ejercicios sujetos a análisis y concluye que cada uno de los expedientes administrativos se han "tramitado y ejecutado de acuerdo con la normativa pertinente". Únicamente se ha apreciado el incumplimiento de los plazos legales de pago, cuestión que el consistorio afirma estar "mejorando" gracias a una "mayor solvencia económica".

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