Corrupción y política van unidas en la Comunitat, en la mayoría de los casos, al mundo del ladrillo. La última legislatura ha contado con sonados ejemplos en los que los representantes públicos han confundido las arcas públicas con el bolsillo propio. Sin embargo, a las puertas de las elecciones, algunos optan de nuevo al sillón. Los juicios de los que accedan a Les Corts pasarían al TSJ al convertirse en aforados, y se dilatarían.
Los dos grandes partidos cuentan en sus listas locales y autonómicas con imputados por diversos delitos, sobre todo urbanísticos (al menos 13 en el PP y dos en el PSOE). El PP presenta a Les Corts al alcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo, y al de Alicante, Luis Díaz Alperi.

 

El primero está acusado de obtener 5,2 millones con la venta ilegal de una finca, y el segundo, imputado por un supuesto desfalco de 6 millones de euros en Mercalicante y por favorecer a un contratista en tres aparcamientos.

El que también opta de nuevo a presidir la Diputación de Castellón es Carlos Fabra (PP), acusado de tráfico de influencias, cohecho y fraude. Lleva cuatro años de litigios.

En las listas locales del PSOE concurren dos alcaldes imputados: el de Bigastro (Alicante), por negar información a la oposición; y el de Sueca, Salvador Gil, por autorizar casas en La Albufera.

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En Vila-real silenciaron al alcalde

El ex alcalde de Vila-real, Manuel Vilanova (PP), dejó su cargo en enero tras ser condenado por prevaricación. Según el juez, permitió que una industria molestara con sus ruidos durante años a los vecinos, sin hacer nada por impedirlo. Su sucesor al frente del municipio, Juan José Rubert, es el candidato del PP a la Alcaldía, ya que Vilanova está inhabilitado por ocho años.