El juez Miguel Ángel Torres, quien investiga la trama de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella, acordó levantar parcialmente el secreto de las actuaciones, lo que supone que está abierto a las partes el 95% de la "Operación Malaya".

De los 21 tomos, se desvela que en un escrito remitido en mayo de 2006 por la Policía de la Costa del Sol al instructor del caso se le pide mandamiento judicial para solicitar información relativa a Pantoja y a su hijo, así como a una treintena de entidades bancarias "para poder continuar profundizando en el estudio económico" de la investigación.

En la petición se demanda a las entidades comunicación sobre titularidad de cuentas, movimientos bancarios, solicitudes de créditos, tarjetas, órdenes de pago y transferencias emitidas y remitidas, así como cheques y pagarés.

Además, según se recoge en los más de 3.200 folios de los que el juez levantó parcialmente el secreto sumarial, la Policía encontró en el despacho del ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca, facturas diversas y contratos de compraventa de Pantoja y de la ex mujer de Julián Muñoz, Maite Zaldívar.

Según consta en uno de los tomos, hallaron un contrato privado de compra sin firmar de una suite de dicho complejo hotelero a nombre de una sociedad formada por Maite Zaldívar y su hermano, así como la fotocopia de una escritura de compraventa entre la constructora Aifos y la entidad Franbel Artis S.L., representada por Isabel Pantoja.

En el informe, la Policía no encuentra una explicación "plausible" a que dichos documentos "obren en poder de Roca" y considera "especialmente significativa" la tenencia de un contrato privado de venta "en el que Roca no juega papel alguno" y una fotocopia de una escritura de compraventa de una sociedad "con la que no guarda ningún vínculo".

Respecto a Julián Muñoz, la investigación policial también puso de manifiesto que las retiradas de fondos efectuadas supuestamente por él "se corresponden con actos en los que el beneficiario es el patrimonio real de Juan Antonio Roca", pero bajo el "velo societario" de sendas mercantiles.Asimismo, la Policía cifra en al menos 500.000 euros el desfase patrimonial respecto de las rentas lícitas de Muñoz y Zaldívar entre 1997 y 2003, según un informe elaborado por la Udyco Costa del Sol, en el que se destaca que dicha valoración económica

El trabajo policial distingue dos etapas diferenciadas por la ruptura matrimonial de Muñoz y Zaldívar, antes de la cual el ex regidor utilizaba a su ex esposa "para ocultar las ganancias ilícitas que presuntamente obtenía" el Ayuntamiento de Marbella con la inscripción a nombre de ella de la mayor parte de los bienes familiares.

La investigación establece que, como consecuencia de la "tórrida ruptura matrimonial", Zaldívar "se aprovechó de su posición de testaferro para adjudicarse el uso y disfrute de dichos bienes dado que Julián Muñoz en ningún caso podría reclamarlos si no es autoinculpándose del delito que pretendía ocultar".

Además, el levantamiento sumarial revela que el ex primer teniente de alcalde de Marbella Pedro Román se benefició de los negocios inmobiliarios Roca y en concreto detalla que ambos actuaron como intermediarios en una compraventa en la que había dos "postores": por un lado, unos ingleses que pagan 5,5 millones de euros sin comisiones y otros que les ofrecen 5,3 más comisiones.