Cáritas pidió ayer a las administraciones que construyan más viviendas sociales y que los propietarios obtengan beneficios fiscales por ceder los pisos vacíos para albergar en ellos a los necesitados.

Esta organización, vinculada a la Iglesia, hizo la solicitud ayer tras presentar en Barcelona su informe La vivienda, un factor de exclusión social.

Cáritas afirma que de las personas sin casa que acuden a ellos en Cataluña, el 40% son inmigrantes suramericanos; el 25%, magrebíes; y otro 25%, autóctonos.

Los más vulnerables

Entre los colectivos más vulnerables, señaló a las mujeres solteras con niños a su cargo, especialmente a las inmigrantes que, debido a su condición de extranjeras, se encuentran solas en nuestro país y muchas carecen de una ayuda familiar para criar a los pequeños.

También mencionó entre los colectivos desfavorecidos en el acceso a la vivienda a los ancianos con una pensión baja, a las parejas jóvenes con hijos y a aquellos seiscientoseuristas o mileuristas que no pueden enmanciparse.

La coordinadora del informe, Anna Jolonch, destacó que han hallado en Barcelona a "22 personas residiendo en un piso de 70 metros cuadrados, en viviendas instaladas en vagones de tren y en garajes e incluso en camas colocadas en el interior de bañeras".

Cáritas destina en toda España el 54% de su presupuesto a ayudas a la vivienda.

Por su parte, el director de Cáritas, Jordi Roglà, advirtió de que los políticos «tienen un enorme retraso» frente a esta situación, por lo que demandó medidas urgentes a la espera del despliegue de la nueva Ley del Suelo, aprobada el pasado jueves en el Congreso.

En esta línea, Roglà exigió a las administraciones que «destinen más recursos para garantizar el derecho a una vivienda digna recogido en la Constitución». Asimismo, resaltó la necesidad de que "se ponga fin a la carrera especulativa".

10.000 minipisos universitarios

Entre las medidas puestas en marcha por el Gobierno para mejorar el acceso de los jóvenes al alquiler, se incluye el programa Viviendas Universitarias.

El plan destinará un total de 10.000 minipisos de entre 30 y 45 m2, con espacios comunes, a todas aquellas universidades que lo soliciten.

Los estudiantes pagarán mensualidades de entre 75 y 200 euros. Las primeras 300 viviendas serán entregadas a la Universidad Autónoma de Barcelona el próximo septiembre. El resto de minipisos estarán disponibles a partir de 2009.