Cataluña cerrará el año con récord de políticos imputados por delitos relacionados con la corrupción, algunos de los cuales serán juzgados en los próximos meses. 2014 pasará a la historia como el año en el que el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol fue imputado por fraude fiscal y blanqueo de capitales, y en el que el constructor Josep Lluís Núñez ingresó en prisión por sobornar funcionarios y salió 43 días después.

La confesión de Pujol ha conllevado no sólo su imputación sino también la de su esposa, Marta Ferrusola, y tres de sus hijos (Marta, Mireia y Pere) por la fortuna que mantuvieron oculta en el extranjero durante más de tres décadas. Los cinco han sido citados a declarar el 27 de enero. Días antes lo hará el único de sus siete hijos que se dedicó a la política, Oriol, quien se perfilaba como eventual sucesor de Artur Mas.

Declarará el 12 de enero como imputado por cohecho y falsedad documental en las deslocalizaciones industriales de Sharp, Yamaha y Sony. Pero estos no son los únicos cargos que pesan contra él: dejó su escaño en el Parlament y la secretaría general de CDC al ser imputado por tráfico de influencias y cohecho en la trama de adjudicación irregular de estaciones de ITV, cuya instrucción está a punto de finalizar y en la que hay otros cargos imputados como el ex secretario general de Empresa y Empleo y actual secretario general de Empresa, Enric Colet.

Josep es el único hijo del matrimonio Pujol-Ferrusola que no tiene cuentas pendientes con la justicia, pues su hermano mayor, Jordi, está acusado de blanqueo y fraude después de que una exnovia denunciara que le vio llevando bolsas de dinero a Andorra; y el pequeño, Oleguer, está siendo investigado por blanqueo en varias operaciones inmobiliarias.

Oriol Pujol no fue el primer diputado en abandonar el Parlament. Este abril el entonces portavoz de C's Jordi Cañas dejó su escaño al ser imputado por defraudar cerca de medio millón de euros a Hacienda cuando era administrador de una empresa de su excuñado. Sin embargo, otros han mantenido el acta de diputado como el exalcalde de Lloret de Mar Xavier Crespo –que en los próximos meses será juzgado por aceptar regalos de un presunto mafioso ruso a cambio de favores urbanísticos, un delito de soborno por el que se enfrenta a dos años y medio de cárcel- o el exsecretario de Organización del PSC Daniel Fernández –quien será juzgado a finales de enero por tráfico de influencias al presionar a la alcaldesa de Montcada i Reixac para que contratara a la esposa de un cargo del partido-.

Por este caso también serán juzgados el exalcalde de Sabadell Manuel Bustos, su hermano Francisco –exconcejal del municipio- por el mismo delito, mientras que la alcaldesa de Montcada, María Elena Pérez, está acusada de prevaricación. El primero de ellos está siendo investigado en el 'caso Mercurio' de corrupción urbanística del que han surgido otras causas, como la de Montcada o la de los sobresueldos irregulares de la Federación de Municipios de Cataluña (FMC), por la que en julio fueron imputados más de 40 alcaldes de toda Cataluña y todos los partidos.

Otro de los casos cuya instrucción ya ha finalizado es el de los sobresueldos de Catalunya Caixa, por lo que en los próximos meses la antigua cúpula de la caja, en la que se encuentran el banquero Adolf Todó y el exministro y exalcalde de Barcelona Narcís Serra, podría sentarse en el banquillo de los acusados por aprobar sobresueldos "en perjuicio y desprecio" de los intereses generales y de la entidad bancaria.

Otro político en dificultades judiciales desde este año es el exconsejero del PSC y exalcalde de girona Joaquim Nadal, imputado por presuntamente haber estafado a un particular con la permuta de unos terrenos.

El constructor y expresidente del FC Barcelona Josep Lluís Núñez y su hijo, Josep Lluís Núñez Navarro, ingresaron en el centro penitenciario de Quatre Camins, en La Roca del Vallès (Barcelona), para cumplir condena por el 'caso Hacienda'. La Audiencia de Barcelona les condenó a seis años y dos meses de cárcel por sobornar a inspectores de Hacienda para que hicieran la vista gorda y así pagar menos impuestos.

El Tribunal Supremo, sin embargó, rebajó la condena a dos años y dos meses y el Gobierno les denegó el indulto, por lo que el 16 de noviembre entraron en prisión, si bien sólo permanecieron 43 días, pues obtuvieron el tercer grado, que les permitió pasar las Navidades en casa y acudir a un centro abierto de Barcelona para dormir de lunes a jueves. La Fiscalía recurrirá la decisión de la Consejería de Justicia.

No fue el único que pasó unos días entre rejas, pues la estancia en prisión del empresario andorrano Fidel Pallerols y del exsecretario de Organización de Unió Vicença Gavaldà sólo estuvieron un mes en la cárcel de los siete de condena —a punto de finalizar—, mientras que el resto la cumplieron en régimen de semilibertad, por lo que sólo duermen en un centro abierto de lunes a jueves. El ex director general de Empleo Lluís Gavaldà —hermano del segundo— estuvo un poco más: 73 días de los 18 meses a los que fue condenado.

Otros dos excargos de los gobiernos de Jordi Pujol, el exconsejero de Economía Macià Alavedra y el exsecretario de Presidencia Lluís Prenafeta, estuvieron un mes de forma preventiva en el centro penitenciario madrileño de Soto del Real tras ser detenidos en la 'operación Pretoria' de corrupción urbanística en Santa Coloma de Gramanet, Badalona y Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona). Durante su estancia, se preguntaron por qué no les hacían la cama y no se servía vino con las comidas. Presumiblemente, serán juzgados este 2015 y, en su escrito de acusación —presentado hace unos días—, la Fiscalía pide que se les condene a seis años y diez meses de prisión, la misma pena que solicita para el exalcalde socialista de Santa Coloma Bartomeu Muñoz.

Otro los iconos de los 80 y 90 que este año se ha enfrentado a la justicia son los exresponsables del Palau de la Música Fèlix Millet y Jordi Montull, quienes fueron juzgados no por el saqueo de la institución cultural sino por el intento para construir un hotel de lujo junto al edificio modernista. La Audiencia de Barcelona les condenó a un año de prisión por tráfico de influencias pero absolvió a la antigua cúpula de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona.

Contra todo pronóstico, la instrucción del expolio del Palau no se ha cerrado este año. El anterior juez, Josep Maria Pijoan, la dio por cerrada hace un año meses después de cifrar en 6,6 millones de euros la cantidad presuntamente desviada a Convergència, que tiene la sede embargada y que debe responder de forma subsidiaria. Sin embargo, a raíz de un recurso, la Audiencia de Barcelona ordenó reabrirla a su sucesor —el quinto magistrado que lleva el caso—. La Fiscalía pide que se condene a los exresponsables de la institución a más de 27 años de cárcel.