Fue un zumbido, sí. Ella aleteaba, incrédula, en las dependencias de la inmigración andorrana.

El policía, Emilio, mostró la orden escrita: "En ocho días debe abandonar el país, padece una enfermedad crónica e inhabilitante". La idea de trabajar en aquel laboratorio quedó hecha trizas.

Fue un zumbido, sí, un zumbido de indignación.

"Adeu" (adiós) al sueño de cruzar el estrecho que separa los Pirineos. El sueño andorrano, un buen trabajo, mejor salario, "un lugar donde prosperar", acaba pisoteado por una arritmia, miopía u obesidad.

La lista de expulsiones por motivos médicos es larga, denuncian varias asociaciones y sindicatos. Y apenas hay un zumbido de queja…

Nuria, de 44 años y vecina de Puigcerdá (Girona), ante aquel policía, aleteaba, incrédula, como un mosquito. ¡Se sintió un anófeles! (insecto transmisor de la malaria) "El foco de una epidemia", explica.

Era septiembre de 2006. Había sido operada de un cáncer de colón en 2003, y posteriormente, de una metástasis hepática.

"Estoy curada, y tengo informes médicos del hospital del Sagrado Corazón de Barcelona que lo avalan", afirma. Las pruebas médicas de inmigración no constataron nada extraño, pero se le ocurrió mencionar lo de su operación… Y la expulsión fue inmediata.Ahora sabe que en Andorra un inmigrante no puede enfermar de hepatitis, ni sordera, ni ansiedad, ni ser portador del VIH (

"Motivos suficientes para ser expulsado, son puros motivos económicos, no quieren hacerse cargo de ellos en la seguridad social", explica Ricardo Villanueva, de Médicos Progresistas.

Hasta 88 dolencias les dejan sin las migajas del paraíso… fiscal.

El ‘caso Nuria’ está rumbo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ha recibido el apoyo del sindicato UGT, y del grupo parlamentario IU-ICV. Y no es la única.

A mediados de 2006, el ciudadano portugués Carlos Alberto Ramos Alves, de 40 años, fue expulsado "por dependencia al alcohol", después haber trabajado 14 años en el país, a pesar de que una contraanalítica presentada en un recurso afirmaba que padecía colesterol bilial.

Ha tenido que trasladarse a Zaragoza. Se ve obligado a visitar a su hijo, andorrano de pleno derecho, como turista.

La historia de E. G, español de 30 años, se suma a la lista negra: positivo en una analítica de hepatitis C.

"Y ni padece la enfermedad, sólo es portador de anticuerpos", explica su abogada, la andorrana Lourdes Alonso, que está dispuesta a llegar hasta Estrasburgo. Ella se siente  pionera. "Muchos han sido expulsados, pero muy pocos llegan a denunciar".

"Al quedarse sin trabajo y fuera del país es muy difícil que puedan costearse la vía judicial".

E. G. había llegado a Andorra para trabajar en la construcción, aunque cuando le negaron el permiso estaba a punto de enrolarse en unos conocidos almacenes.

Cuando fue expulsado, su esposa, andorrana, estaba embarazada de su primer hijo.

Son sólo tres de los muchos expulsados al año. Nuria, sana e indignada, ahora trabaja como asistente clínica en Puigcerdá (Girona), a un paso de su sueño económico.

Casi vislumbra las mismas montañas que le cerraron el paso. En el paraíso, lo sabe, "no es apta". Tampoco lo es Alberto Ramos. O E. G., que finalmente pudo regresar Andorra acogiéndose a la reagrupación familiar.

Lo que no le impide continuar su lucha "hasta que el ministro de Justicia andorrano pida una disculpa", explica Lourdes, su abogada.

900 historias en sólo siete años

"Hemos detectado que Andorra vulnera los Derechos Humanos de los inmigrantes, se les expulsa por problemas de salud como tener la tensión alta, dolencias que no son invalidantes", afirma Pilar Navarro, de UGT.

Más de 900 personas han sido expulsadas en los últimos siete años.

Por eso, IU-ICV ha exigido al Gobierno español que "tome cartas en el asunto, ya que Andorra no cumple los tratados firmados con España o Europa, y debe comprometerse a modificar este sistema de discriminación", explica Carme García, diputada de este grupo.