Telefónica ha advertido de que la propuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que le obliga a abrir su red de fibra a sus rivales excepto en nueve municipios, entre ellos Madrid y Barcelona, desincentiva la inversión en redes de nueva generación y espera, por tanto, una rectificación de la misma.

Fuentes de la compañía han explicado a Europa Press que Telefónica está analizando en detalle la consulta pública lanzada por CNMC sobre los mercados 3a, 3b y 4 (antiguos mercados 4 y 5), a la que formulará las "oportunas" alegaciones.

"En un primer análisis, sorprende y preocupa que en el contexto de un mercado donde los operadores de telecomunicaciones han anunciado importantes despliegues de redes de nueva generación, la resolución que se saca a consulta pública parece ir en sentido contrario, abriendo la red de fibra de Telefónica en toda España salvo en 9 municipios", han explicado las fuentes.

Asimismo, han subrayado que la propuesta "no parece que apunte a promover un escenario inversor", lo que puede alterar los planes de despliegue de los operadores.

"Telefónica espera que finalmente la CNMC rectifique esta propuesta inicial para que España pueda seguir a la cabeza en el desarrollo de nuevas redes de comunicaciones electrónicas", han aseverado.

La CNMC ha propuesto obligar a Telefónica a abrir su red de fibra a sus rivales, con unos precios fijados con un test de replicabilidad económica, excepto en nueve municipios —Madrid, Barcelona, Alcalá de Henares, Badalona, Coslada, Móstoles, Málaga, Sevilla y Valencia— que representan el 16% de la población y en donde al menos hay tres operadores con despliegues simultáneos en redes de nueva generación ultrarrápida (ya sea fibra o cable).

Para el resto de los municipios, incluyendo aquellos en los que están presentes los cableros regionales (Galicia, Asturias y País Vasco), el organismo propone que Telefónica preste un servicio mayorista de acceso virtual al bucle de fibra óptica (conocido como VULA, por su siglas en inglés). En estas zonas, Telefónica fija unos precios que serán analizados por la CNMC para asegurarse de que son replicables.

Tras el lanzamiento de la consulta pública se abre un plazo de dos meses en los cuales los operadores podrán presentar sus alegaciones y, posteriormente, la propuesta se enviará a Bruselas para que realice sus recomendaciones. De esta forma, el plazo para que esta nueva regulación entré en vigor podría durar hasta ocho meses.