El Partido Popular de Sevilla reclamará en el Parlamento de Andalucía una solución a la "precariedad laboral" que sufren los trabajadores del servicio de Teleasistencia de la Junta de Andalucía y que está poniendo "en riesgo" este servicio del que gozan 44.600 usuarios de la provincia.

Según ha informado el Partido Popular en una nota de prensa, la parlamentaria popular Alicia Martínez ha mantenido una reunión con trabajadores del servicio de Teleasistencia de la Junta de Andalucía, quienes le han trasladado sus demandas laborales ante la "precariedad laboral" que sufren como consecuencia del "abandono" por parte de la Junta de Andalucía.

"En estos momentos, la Teleasistencia andaluza ofrece un servicio importantísimo a 44.599 usuarios de la provincia, de los que 33.079 son personas mayores, 11.287 son personas en situación de dependencia y 233 para personas con discapacidad. Servicio que, sin embargo, la Junta de Andalucía está poniendo en grave riesgo como consecuencia de los reiterados incumplimiento de sus obligaciones contractuales e incluso de la legislación laboral vigente", apunta Martínez.

Según Martínez, "el convenio que regula a los 548 trabajadores de este servicio establece tres categorías A, B y C, de las que se iba ascendiendo cada dos años de antigüedad sin excepción. Sin embargo, el personal que tiene contrato posterior a diciembre del 2008, es decir ya con seis años de experiencia, tiene la categoría A, la categoría de aprendizaje, cuando debería haber ascendido ya a la B".

Además, sentencia que "esta situación laboral es totalmente precaria, no sólo porque están en fraude de ley al estar durante seis años con contrato temporal, sino porque a ello se suman todos los recortes en los complementos y pagas extras, recortes de personal e incluso reducción horaria".

Con vistas al futuro, la parlamentaria popular añade que "el cumplimiento del convenio, y por tanto de este nivel B, supondría un incremento medio de 105 euros al mes. Lo que supone un gasto de 200.000 euros en una Agencia de Servicios Sociales que maneja un presupuesto de alrededor de 20 millones y que presta su asistencia a 188.000 andaluces".

Martínez ha asegurado también que "Susana Díaz aprovecha el temor de los trabajadores a perder su puesto de trabajo escamoteándoles 105 euros de su sueldo legitimo que no llega a 900 euros netos mes, es decir no llegan a ser mileuristas". "Sin embargo, sí acudió a visitar la empresa poniéndose al teléfono con una anciana al otro lado de la línea cuando lo que tiene que hacer es menos gestos mediáticos y más compromiso real con los trabajadores que están explotados".

"Ante esta situación, el grupo popular en el Parlamento de Andalucía va a presentar una Proposición no de Ley para que en 2015 se aplique el convenio colectivo en vigor y los trabajadores que figuran en la categoría A, pero tienen la experiencia y solvencia acreditada, se les reconozca el Nivel B y por tanto lo que le corresponde por ley", finaliza Alicia Martínez.