Las llamadas Marchas de la Dignidad anunciaron este jueves la convocatoria de una huelga general el próximo 22 de octubre y de una gran manifestación para el 21 de marzo, pero antes hay otra cita que tendrá lugar este mismo sábado, 20 de diciembre, en distintas ciudades españolas y en Nueva York, con una serie de manifestaciones en contra de la 'Ley Mordaza'.

Las ciudades que acogerán estas concentraciones son Alcoi, Algeciras, Almería, Altea, Aranda del Duero, Barcelona, Bilbao, Burgos, Cádiz, Castellón, Ciudad Real, El Vendrell, Fuerteventura, Granada, Jerez, León, Logroño, Madrid, Málaga Murcia, Oviedo, Salamanca, Santander, Valencia, Villena, Vitoria, Yecla y Zaragoza.

Entre los colectivos y asambleas que han convocado esta serie de protestas hay algunos muy vinculados al 15-M, como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Acampadasol o Spanish Revolution. Aunque también hay sindicatos, como CGT, y asociaciones ecologistas como Greenpeace.

Para estos colectivos la Ley de Seguridad Ciudadana (también llamada 'Ley Mordaza'), pretende acabar con libertades como el derecho a informar, a manifestarse y de expresión. Además, legaliza las deportaciones de inmigrantes. La norma permitirá sancionar a las personas que participen en manifestaciones o que agredan verbalmente a la Policía o la Guardia Civil.

También delimitirá el lugar y la hora de las protestas, con penas de hasta 600 euros de multa. Organizaciones internacionales como Human Rights Watch han criticado la ley por suponer un "recorte" de los derechos fundamentales.

Uno de los miembros de la PAH, Miguel Pérez, ha señalado en una rueda de prensa a las puertas del CIE de Zapadores que los ciudadanos "deben salir a la calle" el sábado: "No podemos retroceder y perder derechos que tanto nos han costado conseguir", ha apostillado. "La PAH dice no a la 'ley mordaza'", ha agregado.

Pérez también ha señalado: "Nuestros colectivos luchan cada día por la personas sin techo, las que están hipotecadas, las familias que no pueden pagar un alquiler mientras la banca tiene miles de pisos vacíos y las Administraciones no habilitan suficientes viviendas sociales", ha indicado.

"Ahora, oponerse a un desalojo u ocupar una sucursal bancaria comportará multas altísimas e, incluso, la posibilidad de ir a prisión. Además, ejercer el derecho a huelga o manifestarse frente al Parlamento será delito. Por otra parte, los controles policiales serán aún más arbitrarios y los registros corporales serán habituales y estará prohibido captar pruebas visuales de maltrato policial y, por supuesto, hacerlas públicas", ha asegurado.

Jesús March, representante de l'Assemblea de les llibertats i contra la repressió del Micalet, ha afirmado por su parte que esta nueva normativa "nos sitúa en un sistema cada vez más dictatorial". "El PP busca que los ciudadanos se lo piensen dos veces a la hora de manifestarse".

Esta ley quiere parar la disidencia y la oposición a sus políticas y está al servicio del capital". Así, considera que "es más necesario que nunca que la ciudadanía se movilice"."La unidad popular en la lucha, el derecho a decidir qué tipo de sociedad y qué tipo de economía queremos, la exigencia de la protección social para toda la ciudadanía, especialmente para los más vulnerables, y la solidaridad son nuestro mejor antídoto contra estos corruptos que envenenan nuestra sociedad condenándola a la precariedad, la pobreza y la solidaridad", ha apostillado.