El juez Pablo Ruz ha propuesto este jueves juzgar a once imputados en la trama Pretoria de corrupción urbanística en Cataluña, entre los que destacan el exdiputado socialista Luis García, los ex altos cargos de CiU Macià Alavedra y Lluís Prenafeta y el exalcalde de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) Bartomeu Muñoz.

Ruz hace esta propuesta al transformar en procedimiento abreviado estas diligencias que abrió a finales de enero de 2009 su antecesor en el juzgado, Baltasar Garzón, y en las que han llegado a estar imputadas veinte personas, de las que casi la mitad han ido siendo exoneradas de esta causa a lo largo de la instrucción.

De lo investigado, se concluye que la supuesta trama de corrupción urbanística estaba liderada por Luis García, Luigi, y se calcula que esta red defraudó unos 45 millones de euros a los ayuntamientos barceloneses de Santa Coloma de Gramenet, Badalona y Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona).

Además de los citados, Ruz propone llevar también a juicio a Manuel Valera Navarro, Manuel Dobarco Touriño, José Singla Barceló, Manuel Carrillo Martín, Gloria Torres Pladellorens, Philip Mahan y María Lluisa Mas Crussels (esposa de Prenafeta).

Los delitos que se imputan a estos once encausados son: tráfico de influencias y cohecho, ambos cometidos por particular y funcionario, y blanqueo de capitales.

Según el auto, ha quedado acreditada la existencia, entre 2000 y 2009, "de una trama dirigida a la realización de labores de intermediación o influencia en adjudicaciones públicas vinculadas a diversas operaciones urbanísticas desarrolladas en el ámbito municipal de determinadas localidades de Cataluña", en concreto de la provincia de Barcelona, "bajo la intervención principal del imputado" Luis García.

Todo ello, prosigue Ruz, "a cambio de la percepción de cuantiosas comisiones respecto de las cuales se procedería ulteriormente a ocultar tanto su titularidad como el origen presuntamente delictivo de las referidas ganancias patrimoniales, con la finalidad de lograr su afloramiento posterior desvinculándolas de su origen".

Con ese fin, los imputados hicieron uso de complejos entramados societario de entidades domiciliadas en paraísos fiscales como las Islas Caimán y en cuentas en Suiza y Andorra.

En el caso de Alavedra y Prenafeta, cuantifica en 6.080.405 euros y 14.984.865 euros, respectivamente, las ganancias generadas, en parte por comisiones. Respecto de Luis Andrés García sus ganancias ascendieron a 5.886.925 euros y las de Bartomeu Muñoz a 1.728.064.

En el auto, Ruz desglosa tres operaciones urbanísticas de la trama en los municipios de Santa Coloma de Gramanet, Sant Andreu de Llavaneres y Badalona. En el primero de ellos se desarrolló la operación conocida como la Pallaresa entre 2001 y 2009 y en ella intervinieron Luis García, Valera, Muñoz, Dobarco y Singla, quienes "puestos de común y previo acuerdo, tras conocer el proyecto urbanístico que iba a realizarse en dicha localidad, planificaron y decidieron manipular e intermediar en la adjudicación y modificación de los usos de terrenos públicos afectados".

Todo ello, "con claro perjuicio para el Ayuntamiento" y con el objeto de "venderlos a un tercero con quien previamente ya habían pactado su enajenación a cambio de la obtención de importantes beneficios".

La trama obtuvo sus propósitos gracia a las influencias que Luis García ejercía en ese Ayuntamiento "derivadas de los vínculos y amistades que forjó durante los años 80 en que fue diputado autonómico del PSC, así como de la estrecha amistad que mantenía con el alcalde" Bartolomé Muñoz, así como con su tercer teniente de alcalde y concejal de urbanismo, el imputado Manuel Dobarco.

En esta como en las otras dos operaciones investigadas, Niesma en San Andreu de Llavaneres, y Badalona —en la que se enajenaron terrenos del Puerto Deportivo de Barcelona, empresa con la que Luis García "mantenía una estrecha vinculación"—, Ruz describe una dinámica similar de uso de influencias para conseguir adjudicaciones de terrenos.

El modus operandi consistía siempre en cambiar el adjudicatario y recalificar los terrenos para venderlos a un precio superior a cambio de "cuantiosas comisiones" y con perjuicio a los Ayuntamientos afectados.