Los diputados del grupo de Izquierda Plural en el Congreso han mostrado este jueves su apoyo a la campaña del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacitado (CERMI) para presentar un recurso de inconstitucional contra la tasa del copago establecida por el Consell en centros o residencias para mayores y personas con discapacidad, en función del coste del servicio y de la capacidad económica del usuario.

El diputado de EUPV en el Congreso, Ricardo Sixto, ha explicado que el copago introducido en la Comunitat a través de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, "es la última estocada del gobierno del PP al colectivo de discapacitados valencianos, que llevan sufriendo recortes, impagos y repagos, además de una falta de sensibilidad incomprensible".

A su juicio, "el PP ha dado luz verde por la puerta de atrás de las cuentas autonómicas, a aquello que los tribunales incluso han tumbado", en alusión a las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que han anulado el decreto del copago.

Sixto califica la decisión del Gobierno valenciano "de obstinación injustificable". "No tienen bastante con la tremenda oposición a esta medida, la de los colectivos, la de la ciudadanía, la de los grupos parlamentarios de la oposición, la de la propia anulación del Tribunal Superior de Justicia. Ellos erre que erre. Y para menos sensibilidad, han sido capaces de, antes de que se haya aprobado esta tasa, estar pidiendo a través del Consell a los usuarios de los centros de atención a las personas con discapacidad, que domicilien sus cuentas bancarias para acceder a ellas y cobrarse esta tasa todos los meses", ha criticado.

Se sumarán a la campaña del cermi

Los diputados de IU se sumarán por lo tanto a la campaña del CERMI, quien ha anunciado tanto que van a promover el recurso como

la presentación de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) contra la Ley de autonomía personal y de dependencia 39/2006, "porque es un cartucho más para intentar parar este desastre".

"Si el copago se mantiene en el País Valenciano, las consecuencias serán gravísimas, porque se convierte en tasa lo que tiene que ser un derecho social que tiene que estar garantizado. Muchas familias no podrán pagar esa tasa porque no pueden llegar ni a final de mes", ha advertido Sixto.