El informe se ha presentado hoy en todo el mundo y se enmarca dentro de la campaña mundial iniciada por Amnistía en marzo de 2004 sobre violencia de género, que incluye la movilización de dos millones de activistas de esta organización para pedir al Gobierno español que cumpla con sus compromisos internacionales, no sólo sobre el papel sino en la práctica.

El director de la sección española de Amnistía, Esteban Beltrán, y la responsable del área de mujeres, María Naredo, explicaron que la elección de España para la campaña obedece a que registra un "aumento sostenido" de esa violencia, a que existe una "preocupación internacional" por este país y a que se está en fase de elaboración del Reglamento de la Ley Integral contra la Violencia de Género.

En 2004, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU alertó a España de la prevalencia del problema de la violencia contra la mujer y sobre el aumento de los asesinatos (en los tres últimos años han muerto casi 200 y en 2005 suman ya 19); una preocupación compartida por el Consejo de Europa. Según Beltrán, en España hay más de dos millones de españolas que sufren violencia de género y sólo un 5 por ciento denuncia.

El informe España: más allá del papel. Hacer la realidad la práctica y la justicia para las mujeres ante la violencia de género en el ámbito familiar [descargar archivo comprimido] se basa en una investigación realizada por AI durante año y medio para analizar el recorrido de las víctimas en busca de ayuda.

Además del informe se ha elaborado un documental con testimonios de mujeres y de los distintos agentes sociales implicados.

Entre las barreras que afrontan estas mujeres, Beltrán y Naredo aludieron a la dificultad de acceder a centros de acogida -escasez de plazas-, de modo que en ocasiones son derivadas a pensiones o centros de indigentes.

Es aún más complicado lograr plaza si no hay denuncia previa; si la mujer tiene un hijo varón de 12 o más años (no se acepta su entrada, sí en el caso de las niñas), cuando arrastra un problema de adicción o si se trata de una inmigrante en situación irregular.

Según los responsables de AI, acompañados por una portavoz de la asociación de atención a las víctimas "Miriadas", Alicia Narciso, "no todas las mujeres reciben la ayuda de 300 euros mensuales fijada en la Orden de Protección", y cinco meses después de aprobarse la Ley Integral "las facilidades de empleo y vivienda siguen sólo sobre el papel".

Beltrán consideró "increíble" que en el 80 por ciento de los procesos judiciales en esta materia "las mujeres no tengan abogado", al respecto Alicia Narciso, quien sufrió maltrato, indicó que ella misma y muchas de las personas atendidas por su asociación conocen el derecho a ser asistidas por un letrado "cinco minutos antes" de entrar a la sala del tribunal.

Otro obstáculo es la casi ausencia de control en el cumplimiento de las órdenes de alejamiento y la "permisividad" de cuerpos y fuerzas de seguridad cuando la medida es quebrantada (en 2004 murieron diez mujeres con Orden de Protección).

Beltrán, Naredo y Narciso opinaron además contraproducente que la víctima declare en presencia de su agresor en la misma sala del juzgado -queda al arbitrio del juez- y criticaron que la Ley Integral no haya introducido la protección de testigos.

En el ámbito judicial, Amnistía considera que la celebración de juicios rápidos en estos casos no permite, por falta de tiempo, establecer las pruebas o demostrar la existencia de "violencia psicológica".

A ello se añade "el prejuicio" de algunos jueces, que han desestimado demandas "por el aspecto físico de la denunciante", y la actitud a veces poco diligente de los cuerpos y fuerzas de seguridad en el momento en el que una mujer pone la denuncia, añadieron.