Los países de la Unión Europea han pactado su posición para limitar las emisiones de instalaciones de tamaño medio, como las calefacciones de hospitales o las industrias medianas, y apoyaron un sistema para medir las generadas por los grandes barcos, un primer paso para reducirlas en un futuro.

Las emisiones de las instalaciones de combustión de tamaño medio eran las únicas de este tipo que no estaban cubiertas por la legislación comunitaria. Este paso permitirá a los países comenzar a negociar la nueva directiva con el Parlamento una vez que éste acuerde su posición, lo que en principio no sucederá hasta abril, cuando el dossier pasará por la comisión pertinente de la Eurocámara, explicaron fuentes europeas a EFE.

Esta directiva forma parte del conjunto de iniciativas Aire Limpio, que se ha visto envuelto en la polémica debido a que la Comisión Europea (CE) ha planteado en su programa de trabajo para esta legislatura retirarlo parcialmente, en concreto la revisión de la directiva para instalar nuevos topes a la emisión de ciertos contaminantes.

El consenso incluye unos niveles límites para las emisiones de tres contaminantes, dióxido de azufre, óxido de nitrógeno y partículas en suspensión, las más perjudiciales para la salud humana.

Los Veintiocho acordaron que, en el caso de las instalaciones medianas ya existentes, las de menor tamaño -entre 1 y 5 MW- tendrán hasta 2030 para adaptarse y las de mayores dimensiones -de 5 MW hasta 50 MW- deberán cumplir la normativa ya en 2025. Todas las instalaciones que comiencen a funcionar a partir de 2018 serán consideradas nuevas y habrán de cumplir directamente con la totalidad de los límites acordados.

También pactaron dar flexibilidad a sistemas aislados como los insulares, un punto de gran interés para España, y a ciertas instalaciones como las calefacciones de distrito -muy utilizadas en los países del Este- de modo que todas tendrán margen para adaptarse hasta 2030.

El consejo de ministros de Medio Ambiente también respaldó el acuerdo sellado con el Parlamento Europeo para exigir a los grandes barcos que utilicen los puertos europeos que controlen sus emisiones de dióxido de carbono (CO2), lo que constituye un primer paso para limitarlas en un futuro.

El acuerdo establece que los buques de más de 5.000 toneladas brutas de carga, porten la bandera que porten, deberán controlar, declarar y verificar las emisiones de gases de efecto invernadero con unos parámetros homogéneos a nivel europeo.

Las nuevas normas no se aplicarán a los pesqueros (de captura y/o procesamiento), los barcos de guerra, las unidades navales auxiliares, los buques de madera de construcción antigua, aquellos que no estén propulsados por medios mecánicos o los gubernamentales utilizados con fines no comerciales.

El sector marítimo internacional es el único dentro del transporte que no está cubierto por las normas comunitarias de reducción de gases de efecto invernadero, pese a ser uno de los que más contribuyen al calentamiento global.

Este paso supone un avance prudente hacia el establecimiento a medio plazo de unos límites a las emisiones del sector marítimo. La UE ha optado por esta cautela después de la polémica inclusión de la aviación en el sistema de comercio de emisiones europeo (conocido como ETS, en sus siglas en inglés), que llevó a los Veintiocho a las puertas de una guerra comercial con países como Rusia, China o Estados Unidos.