El Congreso ha dado luz verde este miércoles al Estatuto de la Víctima, lo que permitirá a estas recurrir la libertad condicional y permisos penitenciarios de su agresores, una medida que parte de la oposición ha rechazado por "dificultar la reinserción del preso y potenciar el afán de venganza".

Aunque la práctica totalidad del texto ha sido aprobado por unanimidad por la Comisión de Justicia de la Cámara baja, con competencia legislativa plena, el artículo que permite a las víctimas recurrir solo ha contado con el voto favorable del PP y UPyD, ya que ha sido votado de forma separada al articulado.

Ante la presencia de representantes de asociaciones de víctimas del terrorismo, los portavoces parlamentarios han avalado en líneas generales la norma, si bien el debate ha girado en torno al polémico artículo 13 que algunos grupos han tachado de "aberrante" e "ilegal" por "llevar demasiado lejos" la participación de las víctimas en la decisiones que afectan a las penas de los condenados.

No obstante, el PP ha zanjado la polémica al afirmar que su posición es "irrenunciable", ya que ese artículo recoge la "esencia del texto". "Hablar de venganza de las víctimas es tener muy mala consideración hacia ellas", ha señalado la diputada popular Julia de Micheo.  En su opinión, la ley permitirá "algo tan elemental" como que el juez antes de dictar resoluciones dará traslado a las víctimas para que formulen alegaciones. "¿Quién puede negar a las víctimas que den su opinión y sean oídas?", ha subrayado.

El PSOE, por medio de Pablo Martín, ha propuesto modificar ese artículo para que sea el fiscal el que decida interponer o no recursos tras escuchar las alegaciones de las víctimas. De lo contrario, ha dicho, se admitiría la posibilidad de que los fines que inspiren los recursos de las víctimas ante resoluciones judiciales en materia penitenciaria "no vayan en consonancia con la política penitenciaria".

Así, el texto aprobado permite a las víctimas recurrir la libertad condicional, los permisos y los beneficios penitenciarios de sus agresores, así como el sobreseimiento o archivo de la causa aunque no estén personadas en la misma. Y también, mediante una enmienda del PP, la víctima tendrá la capacidad de ser oída antes de que el juez dicte alguna resolución, de tal forma que se dirigirá a ellas por si quieren formular alegaciones.

Desde la Izquierda Plural, Gaspar Llamazares ha defendido que las víctimas "tengan hueco" en el proceso de una forma "digna y equilibrada" hasta la sentencia. "Hasta ahí su protagonismo es obvio", ha dicho, pero darles entrada en la ejecutoria de las penas "es ir demasiado lejos".

Más crítico ha sido el diputado de CiU Jordi Jané que ha advertido de que el polémico artículo "potencia sentimientos de venganza" y dificulta la reinserción. No solo debe primar la voluntad reparadora hacia las víctimas, ha explicado, sino también hay que buscar la reinserción de las personas "por mucho que nos pueda doler".

"No conozco a víctima que haya propiciado venganza o se haya organizado para vengarse ni individualmente ni colectivamente, por tanto no tengo ese temor", ha destacado la parlamentaria de UPyD, Rosa Díez, que ha rechazado las críticas de algunos grupos hacia la participación de las víctimas en decisiones que afecten al desarrollo de las penas de los agresores.

Todo lo contrario que el portavoz de Justicia del PNV, Emilio Olabarría, que ha dicho que da la impresión de que a las víctimas y asociaciones se les da potestades públicas que van más allá de lo que les debe corresponder "por muy dura que sea su situación". "Es una aberración jurídica", ha añadido al explicar que una cosa es tener conocimiento y otra condicionamiento de los procesos penales.