El ataque se registró en una carretera cercana a la ciudad de Tuluá, en el departamento del Valle del Cauca, 230 kilómetros al suroeste de Bogotá, durante un desplazamiento de una patrulla militar que realizaba operaciones contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El revés militar para el Ejército se produjo un día después de que en una acción similar nueve policías fallecieron cerca al pueblo de Landázuri, en el departamento de Santander, en un ataque atribuido a las FARC.
El comandante de la tercera división del Ejército, general Hernando Pérez, dijo que al parecer la carga explosiva fue activada a control remoto al paso de los militares por esa región del departamento del Valle.
Las FARC cuentan con unos 17.000 combatientes, son el grupo rebelde activo más antiguo del hemisferio y dicen luchar por imponer un sistema socialista en un país donde más de la mitad de sus 42 millones de habitantes vive en la pobreza.
Los ataques con explosivos en zonas montañosas y selváticas e incluso en las ciudades, son frecuentes en medio del conflicto interno de más de cuatro décadas que se registra en el país y que cobra miles de vidas al año.
El presidente Álvaro Uribe, quien asumió el poder en el 2002 y gobernará hasta el 2010, después de su reelección hace un año, impulsa una agresiva estrategia de seguridad que cuenta con el apoyo de Estados Unidos.
La estrategia, que incluye aumento del gasto militar y del número de efectivos de las Fuerzas Armadas, obligó a la guerrilla a un repliegue estratégico y permitió reducir los asesinatos, las masacres, los secuestros y los ataques contra la infraestructura económica.
También les permitió a las Fuerzas Armadas recuperar el control de extensas zonas montañosas y selváticas que por años dominaron grupos armados ilegales como la guerrilla y los escuadrones paramilitares de ultraderecha.
Pero los analistas sostienen que pese al repliegue, las FARC, consideradas por Estados Unidos y la Unión Europea como una organización terrorista, mantienen casi intacto su poder militar.
El Gobierno de Colombia acusa a las FARC se obtener millonarios ingresos de la producción y el tráfico de cocaína.*.
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