La Ley de Suelo cierra así un periplo de más de un año y medio marcado por la oposición frontal del PP y las duras negociaciones con los grupos nacionalistas.

Así, el texto vuelve al Congreso después de que el Gobierno consiguiera limar asperezas con los grupos nacionalistas, que denunciaron en varios momentos del trámite parlamentario una invasión de competencias.

CiU dio el apoyo final al retirar un veto en el Senado después de transaccionar una enmienda con el PSOE por la que quedan reconocidas las competencias de las comunidades autónomas en la gestión de los patrimonios públicos de suelo.

Varias novedades

La nueva norma, que viene a sustituir a la vigente de 1998, promulgada bajo mandato 'popular', introduce novedades que han suscitado la inquietud de los promotores.

Entre ellas, destaca el nuevo sistema de valoración de los suelos, que considerará sus rendimientos de explotación y excluirá de dicha valoración sus expectativas.

Esta medida, según promotores y 'populares', únicamente servirá para abaratar las expropiaciones de terrenos.

Otro de los ejes de la nueva ley será el fomento de la vivienda protegida, para lo que se contempla la obligación de establecer una reserva de suelo del 30% de los proyectos urbanísticos que se destinará a la construcción de VPO.

Además, establece un porcentaje de cesión de suelo a los ayuntamientos de entre el 5% y el 15%.

Por otra parte, el texto está llamado a ser un arma efectiva contra el urbanismo descontrolado.

En este sentido, el PSOE introdujo vía enmienda una de las principales novedades en esta materia, que establece la revisión de las actuaciones urbanizadoras cuando conlleven, por sí mismas o en unión a las aprobadas en los dos últimos años, un incremento superior al 20% de la población o de la superficie de suelo urbanizado del municipio o ámbito territorial.

Contra la corrupción

Otro de los objetivos de la nueva norma será la lucha contra la corrupción urbanística, para lo que establece nuevos mecanismos de transparencia y participación ciudadana en los procesos urbanísticos.

Asimismo, contempla, entre otras medidas, la obligación de que las permutas de terrenos y los convenios urbanísticos pasen por los plenos del ayuntamientos, o de que en toda recalificación o aumento de la edificabilidad se haga constar la identidad de los propietarios durante las cinco anteriores.

En aras de un urbanismo más sostenible, el texto que va a ser aprobado hoy incluye medidas destinadas a asegurar el respecto al medioambiente y a los espacios naturales protegidos.