Izquierda Unida (IU) apuesta por que los ciudadanos propongan y decidan cuánto, cómo y en qué se gasta el dinero público y también cómo se generan los ingresos. Así, además de los presupuestos participativos, aboga por sistemas participados para la elaboración de las ordenanzas fiscales, "de forma que se consiga que paguen más los que más tienen", según ha indicado la responsable provincial de Política Institucional y Municipal de la coalición de izquierdas.

En rueda de prensa, ha precisado que se comprometen a poner en marcha instrumentos de consultas ciudadanas para asunto relevantes para sus municipios, "que aunque pueden topar con escollos legales, permite hacer llegar a los poderes públicos las opiniones de quienes padecen esas medidas". En este sentido, ha puesto como ejemplo la "obligación" de los ayuntamientos de cumplir el plan de austeridad, "que les lleva a la ruina".

Morillas ha señalado que todos los municipios malagueños en los que gobierne Izquierda Unida aplicarán la Carta Internacional de Derechos Humanos, "que exige garantizar derechos tan básicos como acceso a la vivienda, al agua, al saneamiento, a alimentos suficientes y servicios públicos de manera equitativa y democrática".

Esta carta será uno de los elementos que incluirá el programa marco de Izquierda Unida para la provincia y que va perfilándose ya de cara a su aprobación a primeros del próximo año, ha puntualizado la responsable de la formación.

Este sábado se celebra una segunda jornada programática con el borrador que se ha ido elaborando a partir de las aportaciones de las asambleas locales, de las áreas de elaboración colectiva y de aportaciones individuales de simpatizantes que vienen participando en el proceso que se ha denominado 'Revolución democrática para ganar'.

Entre los compromisos que adquiere IU a partir de su adhesión a la Carta se encuentran la de poner en marcha una auditoria ciudadana que estudie en qué medida se garantizan esos derechos fundamentales en sus municipios y, en caso negativo, diseñar herramientas "y velar para que se impongan".

La Carta, y por lo tanto IU, establece el derecho a unos servicios de proximidad que sean públicos. Por ello, se promoverá la "remunicipalización y la creación de un consejo ciudadano que diseñe, cogestione y fiscalice ese servicio público".

"Esos mismos vecinos podrán velar porque los beneficiados con contratos o concesiones administrativas municipales cumplan los derechos humanos esenciales, y entre ellos el del empleo y las condiciones laborales", ha apostillado.

Morillas ha recordado que la Carta Internacional considera que la "extrema pobreza y las situaciones de crisis son de por sí un atentado a los derechos humanos y los gobiernos locales deben jugar un papel fundamental para garantizarlos en sus municipios y ciudades".

CONIL,

Un ejemplo

Las II Jornadas programáticas del próximo sábado, que se celebrarán en el Centro Cívico, tienen por objetivo "articular la alternativa hacia unos municipios que luchen por la consecución de unos objetivos fundamentales como el pan, el techo, el trabajo y la dignidad", ha explicado el responsable de Programa de la Comisión Electoral de IU, Guzmán Ahumada.

"La adhesión de IU a la Carta de los Derechos Humanos es un proceso natural, porque IU reivindica y trabaja por unas ciudades que luchen por la igualdad, sostenibles, democráticas, éticas y transparentes, cuyos gobiernos pivoten sobre la defensa de lo público".

Las jornadas se iniciarán con una ponencia del coordinador andaluz de Economía de IU, Pedro Vaquero, sobre la Banca Pública Andaluza, para después poner en marcha las comisiones de debate. Serán tres: municipios sostenibles, municipios democráticos, éticos y solidarios; y municipios por la Igualdad.

Como ya sucedió en la primera edición de dichas jornadas, celebradas el pasado septiembre, se estudiarán propuestas puestas en marcha por gobiernos de IU y en esta ocasión la clausura correrá a cargo de Juan Bermúdez, alcalde de Conil de la Frontera (Cádiz), un municipio que es "un ejemplo de ordenación del territorio diferente, de participación ciudadana, de apuesta por el turismo de calidad como por una actividad económica que nos quite la dependencia al ladrillo, y como un ejemplo extrapolable a ciudades de nuestro litoral", ha finalizado Ahumada.