La magistrada de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), Paz Hidalgo, ha dado por finalizada la instrucción iniciada con motivo de la segunda querella del constructor Jon Loroño contra el juez Luis Acayro Sánchez, en este caso por descubrimiento y revelación de secretos, y ha concluido que existen indicios de delito en la actuación del magistrado, titular del Juzgado de Instrucción nº 2 de Castro Urdiales.

La jueza ha firmado este martes un auto de transformación en procedimiento abreviado de las diligencias previas. Con esta resolución, contra la que cabe recurso, se abre el plazo para que las acusaciones formalicen sus escritos de acusación. Si los hubiere, la instructora procedería a abrir juicio oral contra el juez Acayro Sánchez.

La magistrada considera que el querellado pidió a la secretaria judicial de su Juzgado que accediera a la base de datos del registro de penados "sin que existiera resolución judicial" que lo amparase, y "sin indicar esta circunstancia a la secretaria, a fin de obtener para fines privados" los antecedentes penales del querellante, "cancelados desde el 30 de marzo de 2003".

Según consta en el auto, recogido por Europa Press, el juez aportó la hoja de consulta de antecedentes penales a las diligencias informativas que se estaban tramitando en el Consejo General del Poder Judicial, "con el fin de acreditar la animadversión que le tiene el señor Loroño -administrador de Inmobiliaria Izarra- y en definitiva desacreditar a quien entendía estaba detrás de la queja interpuesta contra él ante el CGPJ".

Para la instructora, estos hechos ponen de manifiesto que Acayro Sánchez "actuó de manera voluntaria, con conocimiento del carácter reservado de los datos, accedió prevaliéndose de su cargo de magistrado-juez, por medio de la secretaria judicial, a la que requirió la consulta de antecedentes penales al margen de procedimiento judicial que lo amparase, y lo utilizó en perjuicio del titular de los mismos y en beneficio propio e interés particular".

Señala el auto que los hechos descritos constituyen un delito de descubrimiento y revelación de secretos, sin que concurra la agravante de difusión. Por el contrario, entiende la magistrada que sí concurre la agravante de prevalerse del cargo para ejecutar la conducta.

Este delito está sancionado con penas de prisión de uno a cuatro años y multa de 12 a 24 meses, "y de realizarse por funcionario público, las penas se impondrán en su mitad superior y además, con la pena de inhabilitación absoluta por tiempo de seis a 12 años".

En su defensa, el juez Acayro Sánchez negó que los antecedentes penales del constructor fueran un dato "reservado" porque se publicaron en un reportaje de Interviú de febrero de 2009 titulado 'Castro Urdiales: la Malaya del Cantábrico', y alegó que utilizó esos datos "en el ejercicio del derecho de defensa".

La instructora responde a las alegaciones del querellado explicando que el acceso a los datos sensibles y su apoderamiento "comporta el daño", y que el hecho de que ya se conocieran los antecedentes penales del constructor por un reportaje periodístico "no elimina su carácter reservado a efectos jurídico-penales".

Por otro lado, la jueza decreta el archivo de la causa contra la secretaria judicial -que fue quien accedió al registro de penados- ya que "no existen indicios de la conducta dolosa".

Esta es la segunda querella del constructor Jon Loroño contra el juez Luis Acayro Sánchez. La primera fue por un presunto delito de prevaricación judicial, y fue archivada de forma provisional el mes pasado al entender el juez instructor que no resultaba "debidamente justificada la perpetración del delito investigado".