Un juez ordena el cese de actividades de la empresa de "taxi" Uber en toda España

Un juez ordena el cese de actividades de la empresa de "taxi" Uber en toda España

  • El magistrado acuerda estimar las medidas cautelares propuestas planteadas de forma previa a la interposición de una futura demanda contra la empresa Uber.
  • El juez acepta la medida, ya que los conductores contratados carecen de autorización administrativa alguna para desarrollar la labor.
  • La decisión se ha tomado por el daño que se está ocasionando a los titulares del servicio de taxi y porque Uber es una empresa domiciliada en un paraíso fiscal.
  • A FONDO: Uber, la plataforma online que ha enfurecido a los taxistas.

El juez de lo Mercantil número 2 de Madrid ha ordenado la cesación y prohibición en todo el territorio nacional del denominado sistema Uber, que pone en contacto online a usuarios y conductores de la citada empresa para desplazamientos. En un auto fechado este martes mismo, el magistrado acuerda estimar las medidas cautelares propuestas por la Asociación Madrileña del Taxi planteada de forma previa a la interposición de una futura demanda contra la empresa Uber.

Estas medidas "se ejecutarán una vez que la parte solicitante preste en el plazo de tres días siguientes a la notificación" El juez acepta la medida, ya que los conductores contratados carecen de autorización administrativa alguna para desarrollar la labor y la actividad que llevan a cabo supone competencia desleal. En la resolución, el juez aclara que no se trata de una cuestión de debate filosófico sobre la libertad de mercado en general y la economía cooperativa en particular, sino "una protección cautelar basada en la legalidad vigente".

El juez llega a esta conclusión porque la ley de competencia desleal determina que cuando se infringen normas que son exigidas para actuar en un mercado, la infracción es en sí misma una acción desleal. La medida cautelar adoptada por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid se ha tomado sin escuchar a la empresa Uber por el daño que se está ocasionando a los titulares del servicio de taxi y porque Uber es una empresa domiciliada en el paraíso fiscal estadounidense de Delaware.

En la misma resolución se oficia a las empresas de telecomunicaciones y de pago electrónico para que prohíban todo tipo de transacciones y alojamiento a la empresa Uber.

Medidas solicitadas

En la parte dispositiva, ordena este cese, así como la cesación y prohibición de cualquier aplicación ("app") o de cualquier otro soporte o sistema tecnológico o informático para prestar el servicio de transporte de viajeros indicado en España.

Además, señala que estas medidas "se ejecutarán una vez que la parte solicitante preste en el plazo de tres días siguientes a la notificación de la presente resolución, la caución consistente en aval bancario de tiempo indefinido por importe de 10.000 euros y pagadero al primer requerimiento y se estime idóneo y suficiente por este Juzgado".

Y pide a los prestadores de servicios de información reconocidos en el Registro de Operadores de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones para que suspendan la transmisión, el alojamiento de datos, el acceso a las redes de telecomunicaciones o la prestación de cualquier otro servicio equivalente de intermediación en relación con Uber.

Uber dice que seguirá operando

La aplicación uberPOP para compartir vehículos seguirá estando operativa en España, debido a que lo ordenado por la justicia es "una decisión inusual y cautelar", afirma Uber en una nota oficial. En nota de prensa, Uber señala: "Se trata de un procedimiento judicial comercial altamente inusual y una decisión cautelar presentada contra nosotros y requerida por una asociación de taxis de Madrid." Afirma que el fallo judicial "es incompatible con el amplio reconocimiento político tanto en España como en la Unión Europea a los beneficios de compartir recursos y la economía colaborativa, especialmente en un momento de alto desempleo y de recuperación económica delicada".

En nota de prensa, Uber señala: "Se trata de un procedimiento judicial comercial altamente inusual y una decisión cautelar presentada contra nosotros y requerida por una asociación de taxis de Madrid". Afirma que el fallo judicial "es incompatible con el amplio reconocimiento político tanto en España como en la Unión Europea a los beneficios de compartir recursos y la economía colaborativa, especialmente en un momento de alto desempleo y de recuperación económica delicada".

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