PSOE-A e IULV-CA han presentado una proposición no de ley conjunta en el Parlamento andaluz en la que se insta a la Junta a demandar al Gobierno central que manifieste su apoyo a todos los trabajadores de Airbus y a los sindicalistas "en la confianza de su honradez y el reconocimiento de que su labor sindical a lo largo de los años" ha reportado beneficios para el conjunto de trabajadores de la empresa.

En la iniciativa, también se demanda que el Ejecutivo nacional se comprometa a seguir utilizando todos los medios a su alcance para defender los derechos de los trabajadores, así como la libertad de expresión y de huelga de los mismos en España.

El origen de esta iniciativa conjunta de PSOE-A e IULV-CA está en el hecho de que el 29 de septiembre de 2010, centenares de trabajadores de la empresa

Eads casa airbus se concentraran en la entrada de la fábrica como expresión pública de su adhesión a la huelga general convocada por CCOO y UGT, si bien una amplia presencia policial contribuyó a crear un clima de tensión y diversos incidentes que culminaron con el uso por parte de los agentes antidisturbios de sus armas.

En la iniciativa se añade que, según manifestaron trabajadores presentes, el comportamiento de la policía no contribuyó al normal desarrollo de la huelga. Por estos hechos, varios sindicalistas fueron denunciados y el Ministerio Fiscal pide prisión para varios de ellos.

En declaraciones a los periodistas, el portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, ha indicado durante la presentación de la iniciativa que, sin duda, hay una estrategia premeditada del Gobierno central de "eliminar los derechos de los ciudadanos y convertirlos en papel mojado", a pesar de que el derecho de huelga y de manifestación están regulados en la Constitución. A su juicio, el Ejecutivo del PP quiera dejar en "papel mojado" a la Carta Magna desde el punto de vista de los derechos civiles y sociales.

En este sentido, quiere mostrar su solidaridad y respaldo a los trabajadores de Airbus, que se han convertido en "carne de cañón" para el Gobierno central, que ha decidido que quien le convoque una huelga contra sus políticas "va a tener pena de cárcel". Jiménez ha exigido una rectificación por parte del Ejecutivo nacional y que garantice los derechos fundamentales de los ciudadanos. A su entender, en este momento, el Gobierno va por "una senda muy peligrosa en términos democráticos".

Por su parte, el portavoz parlamentario de IULV-CA, José Antonio Castro, ha señalado que se trata de una iniciativa que pretende "defender el ejercicio de la actividad sindical desde el Parlamento" andaluz ante "la tónica general" del Gobierno central, del PP y del presidente, Mariano Rajoy, de "criminalizar y perseguir a los trabajadores que ejercen sus derechos" como, en su opinión, es la "ley mordaza de seguridad ciudadana".

"Lo que pretendemos es trasladar un mensaje desde el Parlamento como es que los derechos de los trabajadores un principio constitucional irrenunciable. Y no vamos a permitir ni permanecer callados ante dicha agresión y vamos a seguir defendiendo el ejericcio de la actividad sindical desde el Parlamento y desde la calle con los sindicatos", ha agregado para exigir al Ejecutivo central que haga "una reconsideración de estas acusaciones que se han dado en Airbus".

Para Castro son "alucinantes los planteamientos del Gobierno" y el "tratamiento infame que se está dando a agentes que son fundamentales en democracia" como los sindicales y a derechos como los de huelga.