El Gobierno se está preparando para la avalancha de peticiones de información pública que previsiblemente recibirá en el Portal de la Transparencia por parte de ciudadanos y entidades, a partir de que pasado mañana entre en vigor la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

La experiencia de otros países indica que el aluvión cesa un año después de la puesta en marcha de un portal de este tipo y que en los años siguientes se reduce un 90%.

No obstante, en el Ministerio de Presidencia explican que el caso español no se puede comparar con los de otros países, porque en los demás sus portales arrancaron "antes de la revolución tecnológica de las tabletas y los móviles con internet", así que esperan que aquí la avalancha "sea mayor que en cualquier otro país".

"No tenemos tasadas las peticiones que podríamos recibir, pero esperamos un aluvión que el primer año duplicará el número de peticiones que con el tiempo será normal", señalan fuentes de Presidencia, cuya previsión sobre el número de preguntas que atenderán es que "el primer año sea X, el segundo X/2 (la mitad) y el tercero, Y, igual que el cuarto, quinto y sucesivos".

Su principal temor es que haya "caídas de línea", aunque lo ven "poco probable" en un sistema informático "muy potente", con un servidor "muy grande".

"No tiene por qué haber más que algún pequeño colapso", apuntan las fuentes, que subrayan que, en todo caso, un gran colapso no afectaría a las respuestas, ya que éstas no están centralizadas.

Según la ley de transparencia, el Gobierno está obligado a responder antes de un mes a las peticiones de información que reciba.

Para cumplir con este plazo, se ha especializado en transparencia a un funcionario de cada dirección o subdirección en todos los ministerios.

Son las llamadas "unidades de información", encargadas de contestar las solicitudes que lleguen al portal como parte de su trabajo cotidiano.

En cuanto a las peticiones, cualquier ciudadano puede hacerlas sin necesidad de explicar los motivos por los que quiere acceder a esa información.

Antes tendrá que darse de alta en la página rellenando un formulario "sencillo" con sus datos, lo que le proporcionará una clave con la que entrará directamente en posteriores ocasiones, en las que "podrá registrar su pregunta en menos de un minuto".

Recibirá la respuesta en su correo electrónico o en el propio Portal de la Transparencia en el plazo de un mes, aunque podrán denegarle la información si la administración entiende que dársela supondría un perjuicio para la seguridad nacional o pública, la defensa, las relaciones exteriores, la política económica y monetaria y los intereses económicos y comerciales.

Otros límites que marca la ley son: la prevención, investigación y sanción de delitos y faltas, la igualdad de las partes en los procesos judiciales, las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control, el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial, la garantía de confidencialidad en los procesos de toma de decisión y la protección del medio ambiente.

Un ejemplo de peticiones de información que se denegarían sería dónde hay ejemplares de lince ibérico, ya que pondría en peligro la pervivencia de esta especie protegida, o la de dónde se encuentra cada agente del CNI (Centro Nacional de Inteligencia) en un momento determinado.

Si el sujeto que solicita la información no está de acuerdo con la negativa que ha recibido, podrá replantear su petición por vía "exprés administrativa" en el propio Portal de la Transparencia o acudir al Consejo de la Transparencia, también por vía telemática.

Asimismo, podrá recurrir a los tribunales, aunque Presidencia no prevé en este ámbito ninguna avalancha de reclamaciones.

En cuanto a las consultas que afecten a la Casa Real, el Gobierno atenderá las que sean de competencia de los distintos ministerios, tanto si se formulan a través del portal de transparencia, como si se hacen desde la propia web de la Casa del Rey.

Año y medio de trabajo lleva detrás el Portal de la Transparencia, ya que el Ejecutivo empezó a prepararlo en el verano de 2013, cuando la ley todavía estaba en fase de tramitación parlamentaria.

Con una dotación presupuestaria de 1,4 millones de euros, su desarrollo se ha efectuado con medios de la propia administración, cuyos empleados llevan desde el pasado septiembre colgando una ingente cantidad de documentos; el último esfuerzo contrarreloj antes de que esta semana se corte la cinta roja.