El reglamento que desarollará ciertos aspectos de la Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, aprobada en noviembre de 2013 por el Congreso, no estará listo hasta principios del año que viene, según han confirmado fuentes gubernamentales a 20minutos.

Antes de ver la luz debe pasar obligatoriamente por la mesa del Consejo de Transparencia, que aún no se ha constituido -esto se producirá en los próximos días, apuntan las fuentes, cuando lleguen a buen puerto las negociaciones parlamentarias-, y también por el Consejo de Estado, que tiene sus propios tiempos de actuación.

En cualquier caso, la pretensión es comprobar el funcionamiento ordinario de la ley, de las unidades de información encargadas del tema en los distintos organismos, como los Ministerios, y "tomar nota" de algunos criterios de aplicación por si hubiera que hacer cambios en el reglamento, que podría estar ya esbozado en su mayor parte.

Por eso, para el Ejecutivo entra dentro de lo normal que, a pesar de que las secciones referidas a la transparencia y el acceso a la información pública entran en vigor el próximo 10 de diciembre -la de buen Gobierno está en vigor desde hace un año-, el reglamento se haga esperar para estar lo más afinado posible.

Estarán atentos a estas primeras semanas de entrada en vigor y aplicación de esta parte de la ley la oficina de transparencia que depende de Presidencia del Gobierno, la secretaría de Estado de Administraciones Públicas, los servicios jurídicos de Presidencia, etc.

Se fijarán, sobre todo, en cómo funciona el esperado portal de la Transparencia, en "fase de pruebas" desde noviembre y que estará on line el próximo miércoles. El Ejecutivo maneja ya alguna estimación de cuántas peticiones de información podría recibir la web en sus primeros días y, con toda probabilidad, entre el martes y el miércoles de la semana que viene ofrezcan información al respecto.

En el Consejo de Ministros de este viernes, por lo tanto, no se ha tratado este asunto. El 14 de noviembre se propuso a Ester Arizmendi Gutiérrez como presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, dos semanas después de que se aprobara el Estatuto del Consejo.

La organización ciudadana Civio recordó entonces que el reglamento que desarrolla la ley "es clave si tenemos que cuenta que algunas de las excepciones al derecho de acceso a la información (defensa de intereses económicos, el “secreto requerido en procesos de toma de decisión”) son poco concretas y, por lo tanto, fomentan una aplicación arbitraria del derecho de acceso a la información pública".

Respecto al desarrollo reglamentario, la ley de Transparencia dice que el Gobierno, "en el ámbito de sus competencias, podrá dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la ejecución y desarrollo de lo establecido en esta Ley"; no se apunta ningún plazo concreto. Sí se dice que el Consejo de Ministros" aprobará, en el plazo de tres meses desde la publicación de esta Ley en el Boletín Oficial del Estado, un Real Decreto por el que se apruebe el Estatuto orgánico del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno". Finalmente, fueron unos meses más.