José Luis Bayona, jefe de la Unidad de Intervención de Armas de la Guardia Civil de Oviedo, recibió una circular —que no era de obligado cumplimiento— el 18 de septiembre de 2002.

Se trataba de que en todas las voladuras hubiera un vigilante de seguridad, como medida de apoyo y control: "Estos vigilantes debían estar coordinados por la Guardia Civil", asegura Bayona.

Esta medida se adoptó porque, por aquella época, se percibió el tráfico de armas con el explosivo sobrante: "Se hablaba de pequeñas sustracciones, no de robos importantes", matiza.

No obstante, Bayona ha reconocido que a nivel general "no había personal suficiente para controlar todas las voladuras".

Tráfico de Toro y Trashorras

Pedro Marful, capitan jefe de la comandancia de Oviedo, ha profundizado más en estos extremos y ha reconocido que supo —gracias al confidente Nayo— del tráfico de explosivos por parte de los procesados Antonio Toro y Suárez Trashorras en 2003.

"Nayo me dijo que proporcionaba la información para defender a un amigo a quien había conocido en prisión", matiza.

Según el testigo, Nayo le dijo que ETA iba detrás de unos explosivos que tenía Toro: "Mi obligación era informar al comandante jefe de Operaciones de Información y Policia Judicial, al jefe de la Comandancia y a los fiscales [...], y así lo hice", afirma Marful.

Detención de Zouhier

En el 2001, el agente Marful detuvo al procesado Rafá Zouhier después de que realizase un robo en una joyería de Mieres (Asturias) mediante el método del alunizaje.

"Iba con dos o tres personas, pero no iba con Rachid Aglif", asegura Marful.

Según el testigo, a quien no le consta que se utilizasen explosivos en ese robo, "se utilizó un Opel Kadet sustraído en Oviedo".

200 kilos de explosivos

Francisco Javier Hidalgo, sargento de la Guardia Civil de Oviedo, ha afirmado que en 2001, Nayo le habló de un tráfico de 200 kilos de explosivos: "No le dí ninguna credibilidad", asegura Hidalgo.

La relación de esta actividad con el tráfico de drogas hizo que la Comandancia intentase abrir una investigación en esa dirección.

Falta de personal

Por su parte, Alberto García Llana, delegado de la Asociación Unificada de la Guardia Civil de Asturias, denunció en un informe en 2003 la falta de personal para controlar el explosivo.

"Reclamamos medios materiales en 2004 para controlar los polvorines", afirma el agente.

Según el testigo, los guardias civiles tenían prohibido acceder a las minas por un accidente que "jubiló a uno de ellos". Además, y como no se disponía de material, debían avisar con un día de antelación "y se perdía el factor sorpresa".

Sigue el juicio del 11-M en el especial de 20minutos.es