El 40% de los afectados por Fórum y Afinsa presentan la reclamación patrimonial al Estado

Al menos el cuarenta por ciento de los afectados por la presunta estafa de Fórum Filatélico y Afinsa han anunciado que efectuarán una reclamación patrimonial al Estado, al cumplirse el primer año de la intervención judicial de ambas compañías.

Así lo comunicaron a EFE los representantes jurídicos de más de un centenar de asociaciones de consumidores, plataformas y otras agrupaciones, que piensan que pudo existir responsabilidad del Estado por falta de desarrollo legislativo y reglamentario, así como por falta de control de las empresas de bienes tangibles.

Por ello, más de 177.000 afectados han decidido iniciar el proceso "contencioso-administrativo", considerado por las asociaciones de consumidores, como la "tercera vía" para recuperar el dinero invertido, junto a los procedimientos penal y mercantil.

Sin embargo, representantes de otros 100.000 afectados, que renuncian a esta acción legal, creen que el Estado no tenía obligación de intervenir ni "socorrer" a los clientes en unos contratos ofrecidos, presuntamente con intención de engañar, por parte de los responsables de Afinsa.

De cualquier manera, fuera del ámbito de las asociaciones y representantes legales quedan unos 200.000 inversores de Fórum y Afinsa que no han considerado conveniente adherirse a ninguna de estas organizaciones.

Precisamente este martes, la Federación de Afectados Filatélicos de España y Portugal (FAF) presentó, en el Registro del Ministerio de Economía y Hacienda, una reclamación administrativa contra los ministerios de Economía y Hacienda y Sanidad y Consumo, la Agencia Tributaria y todas las comunidades autónomas.

 

Otras asociaciones, como la Federación de Plataformas Blancas de España o la Plataforma Blanca de Madrid, han considerado más conveniente esperar para presentar esta reclamación, ya que el plazo para ejercitarla expira al año de que se produce el hecho lesivo y se valora el daño.

 

Tanto estas organizaciones, como la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), han preferido que su reclamación se dirija al Consejo de Ministros, como órgano de mayor rango de la Administración General del Estado.

Por ello, Adicae ha presentado su demanda ante el Ministerio de la Presidencia, en el Palacio de la Moncloa.

Por el momento, los 177.000 afectados anteriormente citados reclaman los daños y perjuicios que les ha provocado no poder recuperar los 2.200 millones que les hubieran correspondido por la revalorización de los sellos al cancelar sus contratos de compraventa, además de los intereses legales.

La Administración del Estado tiene seis meses

El abogado Antonio Corredoira, secretario de la FAF, explicó que, a partir de la fecha de presentación de la demanda, la Administración del Estado tiene seis meses para resolver esta reclamación de forma previa al inicio de un procedimiento contencioso-administrativo.

Además de FAF, la Federación de Plataformas Blancas de España y la Plataforma Blanca de Madrid, también reclamarán la Asociación de Consumidores Perjudicados de Fórum de Madrid, la Asociación Madrileña de Afectados de Afinsa, asociaciones de consumidores como Ausbanc, Adicae, y CEACCU e incluso la Asociación de Clientes Afectados en Portugal.

Sin embargo, otras asociaciones, como la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), reclamarán esta responsabilidad, "una vez decida el juez penal o mercantil" quién es el responsable.

Por su parte, han renunciado momentáneamente a esta vía organizaciones como Asgeco, Unae y Unión de Consumidores de España (UCE), quien ha insistido en que es más prioritario que se anulen legalmente los contratos de las sociedades filatélicas con sus clientes.

"Sería la mejor manera de proceder, ya que está claro que ha habido dolo" por parte de los antiguos administradores de la compañía, indicó a EFE el representante de OCU, José María Roncero.