El Supremo ha decidido este martes que sea el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) el que juzgue a dos exdiputadas autonómicas del PPCV (Milagrosa Martínez y Angélica Such) y a otros altos cargos valencianos en relación con los contratos de Fitur con la trama Gürtel cuando ostentaron la Conselleria de Turismo en los gobiernos de Francisco Camps.

El pleno de la Sala de lo Penal del Supremo ha decidido que, después de que se abra juicio oral a un aforado, aunque este renuncie a su cargo, su caso seguirá siendo competencia del tribunal que fuera competente antes de su dimisión.

La Fiscalía Anticorrupción recurrió contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) de declararse no competente para celebrar el juicio y dejar el caso en manos de la Audiencia Provincial después de que renunciaran a sus escaños Angélica Such y Milagrosa Martínez.

Para el TSJCV la renuncia de las diputadas conllevaba necesariamente su falta de competencia, por carecer todos los acusados de la condición de aforados, pero la Fiscalía entendió que las diputadas abandonaron el escaño no cuando se les imputó, sino cuando ya se había señalado juicio contra ellas. Ese el criterio ahora fijado por el Supremo, que ha aceptado el recurso.

El juicio, que quedó suspendido en el TSJCV, se abrió por los delitos de prevaricación, malversación, cohecho, tráfico de influencias, enriquecimiento injusto, falsedad e infidelidad en la custodia de documentos.

Además de las dos exconselleras y exdiputadas del PP están acusados el exjefe de Gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret, ya condenado por la causa de los trajes, y también otros altos cargos valencianos y supuestos miembros de la red: Isaac Vidal, Jorge Miguel Guarro, Ana María Grau, Juan Bover, Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez, Cándido Herrero, Isabel Jordán y Mónica Magariños.

Los hechos por los que se decide la apertura del juicio oral se refieren a diversas adjudicaciones realizadas por la Agencia Valenciana de Turismo, entidad pública de la Generalitat Valenciana, a la mercantil Orange Market SL y otras sociedades vinculadas.

Les encargaron "organizar y realizar la mayor parte de actos del PP de la Comunitat Valenciana de los contratos relativos a Fitur 2005 a 2009".

Los indicios apuntan a que el grupo mercantil "desplegó" sus influencias para conseguir la adjudicación de las ferias Fitur de la Comunidad Valenciana, aprovechándose de las "relaciones personales" de sus gestores (Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez y Isabel Jordán) con las máximas autoridades del Gobierno valenciano.

Los hechos, que deberán ser demostrados en el juicio, apuntan a que en las ediciones de Fitur de 2005 a 2007, con Milagrosa Martínez en la presidencia de la Agencia, los gestores de Orange Market SL llegaron a obtener, en presunta colaboración con los empleados públicos de AVT, el borrador de los pliegos de los concursos.

La mercantil gestionada por Correa podría haber recibido la máxima puntuación en los criterios subjetivos y habérsele adjudicado así la contratación de Fitur 2005 "pese a ser la más cara", por 930.000 euros, con informes favorables de Rafael Betoret.