El sistema de comunicación telemática bidireccional Lexnet terminará de implantarse en la Administración de Justicia de Aragón a finales de enero o principios de febrero de 2015, ha anunciado este lunes la directora general del ramo, Tomasa Hernández, quien ha comparecido en Comisión de las Cortes de Aragón.

El sistema Lexnet es una plataforma de intercambio "seguro" de documentos judiciales entre secretarios y profesionales, y funciona con unas condiciones de seguridad que permiten darle un uso oficial a estos documentos. El contenido no puede alterarse, el autor del envío no puede negar que ha emitido el documento y todos llevan fecha, lo que "procesalmente es imprescindible".

El Lexnet lo usan, entre otros, procuradores, abogados, la Agencia Tributaria, el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) y los graduados sociales.

La bidireccionalidad comenzó a implantarse el 27 de octubre en la provincia de Teruel y hasta ahora las incidencias han sido "muy escasas" y "todas fácilmente solucionables". Lexnet es una herramienta disponible de forma permanente, las 24 horas del día y los 365 días del año.

DIGITALIZACIÓN

La directora general ha destacado el trabajo que se está haciendo para digitalizar la Administración, entre otros objetivos para conseguir que desaparezca el soporte papel y los expedientes judiciales sean electrónicos.

Para ello, el Departamento de Presidencia y Justicia está promoviendo alianzas con el Ministerio, el Consejo General del Poder Judicial y las comunidades autónomas, y está recabando la colaboración de magistrados, jueces, secretarios judiciales y funcionarios.

Al realizarse el traslado de sedes a la Ciudad de la Justicia, el Departamento ha invertido 439.000 euros para instalar un software y equipos nuevos para mejorar el sistema de grabación de las salas de vistas, que no se integraba con el sistema informático Minerva y no permitía introducir la firma electrónica.

Con el presupuesto mencionado se equiparon 52 salas de vistas y se introdujo el sistema Fidelius. En el último trimestre de este año se está dotando de nuevo material informático siete salas en la ciudad de Teruel, las dos de Alcañiz y la de Calamocha y el año próximo se instalarán en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón y en 12 sedes judiciales rurales.

Este sistema de software permite que los juzgados realicen un "trabajo integrado" y se ha habilitado la firma electrónica, garantizando su integridad y autenticidad. A fecha 17 de noviembre se habían realizado 27.808 grabaciones con este sistema en los juzgados aragoneses.

"Garantizamos un audio y un video de calidad excelente", lo que legalmente es imprescindible, ha señalado Hernández, apuntando que otras comunidades, como Navarra y La Rioja, se han interesado por el mismo.

Por otra parte, el sistema de videoconferencia está compuesto por 90 equipos y el Departamento trabaja para que ninguna sala de vistas carezca del mismo, porque "es una herramienta que moderniza" y su uso va aumentando progresivamente.

Asimismo, Tomasa Hernández ha comentado que el Departamento quiere modernizar el Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA) y ha encargado a su director que esboce unas líneas generales para elaborar un plan estratégico acorde con el nivel científico y técnico del Instituto, para que esté en la "vanguardia tecnológica".

Hernández ha resaltado el "significativo esfuerzo presupuestario" del Gobierno de Aragón en materia de Justicia a lo largo de esta legislatura, haciendo hincapié en la puesta en marcha de la Ciudad de la Justicia, la construcción del Palacio de Justicia de la ciudad de Huesca y el nuevo edificio de la Audiencia de Zaragoza, que por primera vez tiene sede propia.

Traslado de instalaciones

El diputado del PP, Fernando González Celaya, ha expresado su satisfacción por el "complejo proceso" del traslado de instalaciones, ha añadido el representante popular.

En su opinión, "es innegable que los avances en materia de Justicia han sido muy importantes". Además, para González Celaya todo el proceso se ha realizado "con continuidad", una cuestión que, para él, no se había producido en anteriores legislaturas.

El socialista Carlos Tomás ha coincidido con la directora general en que existía en la Justicia "un reto" para "mejorar la poca eficiencia".

"Necesitábamos una solución total en torno al tema tecnológico, definitiva y satisfactoria. Desde nuestro punto de vista, reconociendo avances importantes, creemos que no se ha logrado todavía", ha apuntado el representante del PSOE, para reclamar también "más profundidad y algo más allá de buenas intenciones".

El portavoz del PAR, Alfredo Boné, ha pedido que "la transición se haga con cuidado" porque, en su opinión, existe "brecha tecnológica y analfabetismo digital" en la Comunidad.

En este sentido, ha señalado que "hay ciudadanos con problemas para resolver cuestiones cotidianas con un ordenador". Este parlamentario ha resaltado, "en el séptimo año de la gestión autonómica de la Justicia", que el traspaso de competencias ha sido "muy positivo" y "un hito y punto de inflexión en el autogobierno".

Por su parte, el diputado de CHA, Gregorio Briz, se ha interesado porque "las aplicaciones y nuevos servicios funcionen correctamente" y "no haya pérdidas de eficiencia".

Ha manifestado también que "parecen existir problemas en cuestiones técnicas", lo que ha calificado como "una zona de sombras. Nos parece bien la implantación siempre que aporte efectividad, rapidez y seguridad. Una implantación rápida y sin los medios adecuados puede no ser suficiente".

La portavoz de IU, Patricia Luquin, ha pedido que "se extienda a todos los niveles" la implantación telemática y, además, "la formación para los profesionales".

Para esta diputada, la modernización de la Justicia "ha pasado de ser una declaración de intereses a una realidad", pero ha matizado que, en su opinión, "se avanza poco a poco" en lo que ha calificado como "una apuesta necesaria porque tiene vinculación directa con la calidad del servicio".