En la cuestión, consultada por Europa Press, la parlamentaria Marina Segura apremia así al departamento que encabeza Luciano Alonso a definir qué medidas prevé adoptar ante esta reclamación, que se ha presentado por calificar la iniciativa de una "cortina de humo" frente a otros problemas de mayor calado en el sector y que, además, fomenta la "jerarquización" y "burocratización".

Así, el nuevo presidente de Adide-A, Juan Ruiz, ha expuesto a Europa Press que, según considera la asociación, abordar la modificación de la actual orden en estos momentos "ni es urgente ni es prioritario, existiendo problemas mucho más graves que afectan a la Inspección de Educación en Andalucía, demandados desde hace años y siendo ignorados sistemáticamente por la Consejería", como son la actualización y formación continua, seguridad en el trabajo, dotación de medios y recursos adecuados, desarrollo profesional o mayor autonomía e independencia.

Estos aspectos "sí afectan nuestro trabajo diario, dificultándolo y restando eficacia", afirma Ruiz, que subraya que, de procederse al cambio, habría que hacerlo modificando previamente el decreto 115/2002 que regula la Inspección de Educación en Andalucía, "auténtica piedra angular de la organización y funcionamiento de la inspección educativa". Sin esta modificación, "cualquier cambio será superficial e irrelevante".

"cerrazón" de la junta

Ha criticado también Adide-A la "cerrazón" y "falta de diálogo" que ha demostrado la Consejería "al negarse a retirar un documento que ha sido rechazado por el cien por ciento de los sindicatos de la mesa sectorial y por la propia asociación, que ha sido tramitado sin la participación de los propios inspectores y, menos aún, de los representantes legales de los mismos".

Para el presidente del colectivo, el borrador presentado supone "un cambio conservador" que "no responde a las demandas de la sociedad actual y a las necesidades del sistema educativo". La propuesta hecha establece "estructuras intermedias", así como también "burocratiza y jerarquiza aun más el funcionamiento de la inspección, pretendiendo hacerla más sumisa y menos independiente".

"Creemos que el trabajo de la Inspección no es simplemente de supervisión y control; proponemos un modelo de inspección más autónoma, que trabaje en equipo y que desarrolle además sus atribuciones de evaluación y asesoramiento, elementos clave para la mejora del sistema educativo", ha remarcado Ruiz.

Por todo ello, Adide-A ha anunciado además que, dado el procedimiento seguido para su elaboración y el contenido del propio documento, no hará aportaciones o alegaciones al mismo, "pues la mejor aportación es su no tramitación", a la vez que reitera su voluntad para el dialogo y el acuerdo, "sobre la base de un procedimiento y documento previo consensuados".

El presidente de la asociación ha añadido que el colectivo seguirá con sus "protestas", en las cuales "iremos a los grupos políticos y a donde nos corresponda", en aras de resistir ante lo que consideran un afán por propiciar el "control político" del cuerpo.

Críticas de los sindicatos

Las centrales sindicales, por su parte, se han posicionado en su totalidad reclamando la retirada de la nueva orden, "que no responde al papel de la inspección educativa ante las nuevas necesidades del sistema", según CCOO. "Con demasiada frecuencia este servicio educativo se utiliza como instrumento político y no como un elemento positivo para mejorar la calidad educativa", agregan.

CSIF, de su lado, considera "innecesario en este momento" abrir una modificación de la orden arriba aludida sin que previamente se aborde una negociación del modelo de inspección y sus atribuciones. Para el Sector de Enseñanza de CSIF-A, el sistema educativo necesita una inspección "más cercana a los centros educativos, más centrada en un papel de asesoramiento y apoyo a los equipos directivos y al profesorado".

Ustea, por su parte, señala que actualmente "no tenemos una inspección educativa, ni en Sevilla ni en Andalucía, al servicio del profesorado, que trabaje por la calidad del sistema educativo andaluz". En parecidos términos se manifiesta ANPE, que manifiesta que el modelo de inspección imperante en Andalucía es "excesivamente jerarquizado y burocratizado, y alejado de la realidad cotidiana de los docentes".

UGT, por último, solicita un modelo "que se coloque en primera línea como ejemplo de organización, y que las aportaciones que pueda llegar a hacer coadyuven en una respuesta efectiva a las demandas que la sociedad reclama de la escuela".