El Consejo de Ministros ha tramitado este viernes una dotación de recursos para el impulso de nuevas tecnologías que servirán para que la batería de iniciativas anticorrupción que avanzó el jueves ante el pleno del Congreso el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. La inversión, realizada en infraesructuras tecnológicas del ministerio de Justicia, pretende dotarle de recuerdos para luchar contra la corrupción.

"En unos días presentaremos más medidas para agilizar los macroprocesos", ha puntualizado en la rueda de prensa posterior la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, quien ha señalado que las instituciones funcionan en la respuesta judicial a los casos de corrupción y que lo que hay que hacer es que "funcionen mejor y más rápido" y, en este sentido, se ha referido al paquete de nuevas tecnologías para la administración de justicia que ha aprobado el Consejo de Ministros.

La vicepresidenta ha recriminado al PSOE que haya hecho esperar meses al Ejecutivo para aprobar las medidas anticorrupción porque creía en su voluntad de consenso y ahora diga que llegan tarde y ha asegurado que las normas se aprobarán "de inmediato". Y ha asegurado que si las dos leyes que están en el Congreso desde febrero de 2014 —la de control de la financiación de partidos políticos y la relativa al ejercicio de los altos cargos— no están ya en vigor ha sido precisamente "por buscar el acuerdo de los grupos, especialmente del PSOE".

Todos los ministros han estado presentes este viernes en la reunión en el Palacio de la Moncloa, la primera reunión sin Ana Mato como titular de Sanidad, tras dimitir este miércoles al frente de la cartera. La previsión es que el nombre de su relevo se conozca en los próximos días y el elegido o elegida tome posesión el miércoles.

El Gabinete ha aprobado asimismo un informe del ministro de Economía, Luis de Guindos, sobre el anteproyecto de ley de reestructuración y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión.

Todas las entidades de crédito y empresas de servicios de inversión deberán elaborar, de forma preventiva, un plan de reestructuración que presentarán al Banco Central Europeo, al Banco de España o a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.  Además, tendrán que contar un plan de resolución por si es necesario rescatar la entidad y aquí tendrá un papel protagonista el nuevo FROB.

El FROB, el fondo público de rescate de la banca española, aumenta sus poderes y, a partir de ahora, podrá determinar qué medidas deben llevarse a cabo para mejorar la situación de algunos bancos o sociedades de inversión, e incluso determinar si son inviables.

A partir de ese momento, el FROB activará los instrumentos de resolución que considere y recapitalizará la entidad obligando a asumir pérdidas en primer lugar a los accionistas; si no fuera suficiente, recurrirá al fondo de resolución que el propio FROB gestiona y en último caso a los depósitos de más de 100.000 euros.

El Gobierno ha aprobado además la prórroga del plan PIVE 6 para la compra de automóviles eficientes hasta que finalice el año. Para 2015 el Gobierno ha reservado una partida de 175 millones en los Presupuestos Generales del Estado para el PIVE 7. La vicepresidenta ha recordado que, a pesar de que la prórroga se ha aprobado este viernes, las reservas para las compras de coches acogidas a este plan también se pueden beneficiar desde el 24 de noviembre.

El PIVE 6 tenía vigencia hasta final de año o hasta que se agotaran los 175 millones que tenía como presupuesto, que es lo que ha sucedido finalmente. Ante el éxito de convocatorias anteriores, en materia de ventas y reducción de las emisiones contaminantes de los vehículos, es por lo que el Gobierno ha aprobado la continuidad a la solicitud de reservas. Aunque la vicepresidenta no ha concretado la cantidad destinada a la prórroga, el Ministerio de Industria la cifró la semana pasada en 70 millones de euros.

Por otra parte, las bases que regulan el PIMA AIRE 4 han sido aprobadas también mediante real decreto. El presupuesto es de 9,6 millones de euros y se darán ayudas a la compra de vehículos comerciales, de gas y bicicletas de pedaleo asistidas por motor eléctrico. La vicepresidenta ha destacado que la aprobación del PIMA Aire 4 es un paso "más" en la reducción de gases contaminantes y refuerza las políticas del Gobierno contra el cambio climático, además de impulsar la renovación del parque móvil de comerciales, lo que "supone un impulso clave a la actividad económica".

Soraya Sáenz de Santamaría ha detallado que para la compra de comerciales la ayuda que dará el Gobierno es de 1.000 euros para categorías de menos de 2.500 kilogramos. Para los de más de 2.500 kilogramos la ayuda será de 2.000 euros por vehículo. Para las bicicletas con pedaleo asistido por motor eléctrico la ayuda será de 200 euros.