El consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández, ha manifestado este lunes que las autorizaciones provisionales a viviendas sobre las que pesa sentencia de derribo "ya han cumplido su función" que, como ha recordado, es "llegar" a las nuevas licencias para las construcciones afectadas.

Fernández se ha referido así, en el Pleno del Parlamento, a la cuestión de inconstitucionalidad que ha planteado la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) a la Ley de autorizaciones provisionales, y ha indicado al respecto que para cuando se pronuncie el Tribunal Constitucional a la citada cuestión, es decir, dentro de aproximadamente "un año y medio", estarán ya "todos" los planes urbanísticos aprobados y las correspondientes licencias a las viviendas otorgadas.

"Las autorizaciones provisionales han cumplido su función", ha sentenciado el titular de Medio Ambiente, después de comentar que esta figura urbanística —que para él es "plenamente constitucional"— era "un puente" para "llegar" a las licencias, y su cometido se ha logrado, ha insistido, al plantearse la cuestión de inconstitucionalidad, ya que con ello se garantiza a las familias de que no se van a demoler sus viviendas hasta que obtengan la licencia definitiva.

Con ello, el consejero ha recalcado que el Plan de Ejecución de Derribos del Gobierno va a "salir adelante", porque es un plan "justo,

necesario y legal", ha defendido. Al respecto, ha reiterado que a las familias afectadas por los derribos se les legalizará la vivienda con la concesión, esta legislatura, de 449 autorizaciones provisionales.

Y en los casos en los que este extremo no sea posible, se les sustituirá por otra de las mismas características o se les indemnizará, antes o después de la demolición, en función del criterio fijado por la Sala de lo Contencioso o lo que determine un perito o árbitro independiente, respectivamente.

En relación con la primera de las indemnizaciones, la prevista para antes de la demolición, y en alusión a la petición del diputado socialista Miguel Ángel Palacio de llegar a un acuerdo con las familias sobre la valoración de las viviendas, el consejero ha recalcado que la cuantía en este supuesto ya está fijada por el TSJC, de modo que "dar más dinero" a los afectados supondría un delito de malversación de fondos.

Palacio ha abundado por su parte en la "sospecha" de los cinco magistrados de la Sala de lo Contencioso de que la "única" finalidad de la ley de autorizaciones es "dilatar" el proceso, y ha llamado precisamente a "no dilatar" un procedimiento que "no conduce a ningún sitio".

Así, ha insistido en llegar a un acuerdo con las familias sobre la valoración patrimonial de sus viviendas para acabar con la "tortura" que están padeciendo a cuenta de la "dilatación" de un proceso que "no se sabe cuándo va a acabar".

"malos olores" en meruelo

Por otro lado, el consejero ha asegurado, a preguntas del PRC, que el complejo medioambiental de Meruelo es una instalación "ejemplar" que "cumple perfectamente" todas las medidas de la Autorización Ambiental Integrada, como se refleja en los informes técnicos de la inspección realizada en este complejo.

Sin embargo, el diputado del PRC José Miguel Fernández Viadero, "vecino" de la zona, "discrepa" de que la planta de Meruelo funcione correctamente en lo que se refiere a control de "malos olores". De hecho, ha afirmado que en determinados días de viento, la planta "suelta bastante olor", algo que según ha dicho se puede constatar incluso en Beranga y Noja, con lo que "o los filtros no están en funcionamiento o algo falla".

El consejero se ha comprometido a trasladar esta "observación" a la empresa pública MARE. No obstante, ha precisado que ha visitado Meruelo en muchas ocasiones esta legislatura, "y en todas ellas me ha sorprendido que cuando te alejas diez pasos de la zona de fermentación, ya no percibes olores", ha dicho.