La consejera de Ganadería, Blanca Martínez, ha afirmado este lunes que la sentencia que condena al Gobierno a pagar a 34 agentes del medio natural las guardias especiales, no es firme porque el Ejecutivo la ha recurrido ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), pese a que el fallo señalaba expresamente que es firme.

En respuesta a las críticas del diputado del PRC Fernando Fernández, la consejera ha asegurado que la sentencia sí es susceptible de ser recurrida ante la sala de lo contencioso del TSJC, como así se ha hecho el 21 de octubre pasado, encontrándose pendiente la admisión o no del recurso.

La consejera ha dicho que en tanto no se resuelva este recurso, "no resulta procedente hacer pago alguno", y ha añadido que en caso de desestimarse, la administración tendría un plazo de "dos o tres meses" para hacer el pago.

El portavoz del PRC le ha replicado que la sentencia supone "un revolcón judicial" para el Gobierno con "consecuencias millonarias" que ha cifrado en "2,1 millones de euros, sin contar lo que se adeuda a las cuadrillas de montes por lo mismo".

Ha añadido que la consejera ha tenido tres años para llegar a un acuerdo con los sindicatos sobre este tema. "Estamos de acuerdo en calificar como ejemplar el servicio de montes", ha dicho Fernández antes de preguntarse "qué ha hecho" el departamento de Blanca Martínez en todo este tiempo para "alcanzar esos niveles de excelencia".

El acuerdo de 2010

"nunca se llegó a firmar"

Por su parte, la consejera ha asegurado que la sentencia "debe imputarse a la gestión del Gobierno anterior". En este sentido, ha denunciado que en 2010, el anterior secretario general de la consejería llegó "teóricamente" a un acuerdo con los sindicatos para el pago de estas guardias, "digo teóricamente porque nunca se llegó a firmar y llevamos tres años y medio intentándolo buscar".

También ha asegurado que existen informes jurídicos en contra del pago de estas guardias, y "sólo un juez puede habilitarnos para hacerlo" porque lo contrario sería "incumplir la legalidad. Asimismo, ha recriminado al sindicato CCOO que "quiera ganar visibilidad, en plena fase preelectoral, a costa del Servicio de Montes, que es un ejemplo en toda España".

La sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº1 que condena al Gobierno a pagar estas guardias a 34 agentes del medio natural, señala que la administración deniega el pago de este complemento alegando que el nuevo decreto de lucha contra incendios de 2011, que derogó el de 2006, no prevé el abono para el nivel 1 del operativo y que para pagarlo "habría que modificar el acuerdo sobre el complemento y hacer una reforma normativa que ahora no es posible" porque "lo impiden las leyes presupuestarias de 2010 en adelante por suponer incremento retributivo".

El fallo señala que la norma "sí impone" el pago de ese complemento, y añade que lo que pretende la administración "no es evitar un incremento salarial contrario a las leyes presupuestarias, sino inaplicar el acuerdo vigente en forma parcial y reducir las retribuciones no alteradas por norma alguna".