El Gobierno de Cantabria conoció la decisión de la multinacional Saint Gobain de cerrar su fábrica de cristalería en Vioño de Piélagos seis días antes que los trabajadores, según ha afirmado este lunes en el Pleno del Parlamento el consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, Eduardo Arasti.

A preguntas de la diputada del PSOE Dolores Gorostiaga, el consejero ha indicado que la Dirección de Saint Gobain Glass Renedo comunicó su decisión al Ejecutivo el 30 de octubre, mientras que la plantilla no lo supo hasta el 4 de noviembre.

Desde entonces, Arasti ha asegurado que el Gobierno ha mantenido "contactos al máximo nivel" con Saint Gobain y ha ofrecido todo tipo de fórmulas que puedan contribuir a la viabilidad de la fábrica como entrar en el capital social, conceder préstamos o incluso adquirir los terrenos "ociosos".

La diputada socialista ha considerado que el Ejecutivo, incluso antes de conocerlo oficialmente, ya debía de "verlo venir" cuando en julio firmó un convenio con la empresa para aportar el 15% de un inversión de más de un millón de euros para el cambio de la fuente energética de la planta.

Antes de eso, Gorostiaga ha recordado que, en 2013, la Dirección ya aplicó un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) a la plantilla que, para ayudar a la viabilidad de la planta, "incluso accedió a reducirse un 10% el salario".

Algo a lo que, ha dicho la diputada del PSOE, se suma "la segregación" de la factoría de Vioño de Piélagos del Grupo de Saint Gobain Glass Cristalería. "Si el Gobierno sabía de esto, ¿no sabía de su trascendencia?", ha cuestionado.

Además, ha criticado que Arasti sólo mandase un comunicado el día en que Saint Gobain hizo pública su decisión de cierre y el Ejecutivo no volviese a pronunciarse sobre la situación de la fábrica hasta después de la manifestación convocada por el comité de empresa el 12 de noviembre.

"Después de eso fue el presidente —Ignacio Diego— quien tomó las riendas", ha señalado Gorostiaga, que ha opinado que el Gobierno "está ofreciendo ahora el oro y el moro porque sabe que la empresa no lo aceptará" porque su decisión ya está tomada.

Arasti ha considerado "desafortunadas" estas palabras de la diputada porque cuestionan la gestión del Gobierno que, aunque "naturalmente se puede equivocar", está "trabajando en serio" y "haciendo todo lo posible" para ayudar a la viabilidad de la fábrica.