El juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, ha dictado auto de apertura de juicio oral contra los arquitectos Luis y Jaime García-Ruiz, contratados presuntamente 'a dedo' por el Govern para dirigir las obras de construcción del velódromo Palma Arena, y quienes se enfrentan a seis meses de cárcel tras haberse declarado culpables de un delito fiscal al no haber tributado los beneficios supuestamente ilícitos obtenidos de la ejecución de los trabajos, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

En concreto, la defensa de los dos hermanos ha alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado en el marco de la pieza número 26 de la causa, uno de los últimos flecos que se abrió dentro del caso con el objetivo de investigar si ambos realizaron una provisión de fondos por valor de 400.000 euros dentro de la contabilidad de su empresa, GR1, para no tributar a Hacienda y enmascarar los beneficios que obtuvieron.

En su auto, dictado este lunes, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma apunta que, valoradas las pruebas practicadas durante la instrucción, sobre los dos acusados pesan "racionales indicios" de haber defraudado a Hacienda, unos hechos "con entidad suficiente para que tengan que enfrentarse a un juicio oral". La vista tendrá lugar en un Juzgado de lo Penal al que por turno corresponda.

Las investigaciones apuntaban a que mediante la anterior provisión de fondos, los García-Ruiz se efectuaron en 2007 un autopréstamo dentro de su misma empresa, evitando así declarar al fisco los fondos y maquillando beneficios derivados de las obras del velódromo. Durante la instrucción, los dos negaron haber llevado a cabo falsificaciones contables en su mercantil y que esta cantidad procediese de dinero negro de la construcción.

Contratación presuntamente por orden de matas

Cabe destacar, por otro lado, que una de las principales líneas de investigación de la causa, dividida en un total de 27 piezas, se centra en cómo se articuló la contratación de los dos arquitectos, fruto de lo cual acabaron percibiendo unos honorarios de unos nueve millones de euros por hacerse cargo del considerado proyecto estrella de la última legislatura de Jaume Matas (2003-2007).

De hecho, los investigadores quieren averiguar por qué se le rescindió el contrato al arquitecto inicial de las obras, Ralph Schürmann, y quién ordenó la contratación de los García-Ruiz, quienes ya declararon ante el juez que Matas les había llamado personalmente para dirigir las obras de construcción.

Es más, ambos imputados atribuyeron al diseñador alemán las causas que motivaron el sobrecoste del velódromo, cuyas obras, presupuestadas inicialmente en unos 48 millones de euros, pasaron a costar cerca de los 110 millones. Cabe recordar que el magistrado acordó en 2009 una fianza de responsabilidad civil de 1,2 millones de euros para los dos hermanos, caución que finalmente fue anulada por la Audiencia Provincial al considerarla "absolutamente inmotivada".