La empresa Estudio Thuban S.L. será la encargada de realizar, por un importe de 322.231 euros más IVA, la revisión del plan especial de la ciudad histórica de Santiago de Compostela, según ha ratificado el alcalde, Agustín Hernández, quien ha situado como retos del documento "revitalizar" la zona y compatibilizar los usos para evitar que sea "un parque temático para turistas". El plazo de ejecución es de tres años.

Acompañado de la concejala de Desarrollo Sostenible, Teresa Gutiérrez, el regidor ha explicado el "avance" que supondrá para la ciudad dotarse de un instrumento "actualizado" que permitirá gestionar "adecuadamente" el "principal activo patrimonial, turístico y económico" de la capital gallega, dando respuesta a las "nuevas exigencias" a las que se enfrenta el casco histórico.

Hernández ha reivindicado el carácter "estratégico" de este plan especial, tras valorar la "extraordinaria calidad" del aprobado en 1997, respaldada por los más de 15 años de vigencia y el reconocimiento unánime a nivel académico y urbanístico.

Al margen de la adaptación normativa, ha apuntado como uno de los objetivos prioritarios del plan la "revitalización" de la ciudad histórica mediante la "recuperación" de su función residencial que, a su vez, exige la recuperación de la "diversidad de usos y actividades" que caracteriza a los centros urbanos, estimulando la implantación de actividades económicas que contribuyan a "fijar la residencia".

"Resulta imprescindible evitar que el casco histórico acabe por convertirse en un mero decorado urbano", ha defendido Hernández, quien ha explicado que, según los cálculos del Consistorio, desde el año 1997 abandonaron el casco histórico más de 3.000 vecinos, mientras que, en el conjunto de Santiago, la población permaneció "estable", en torno a los 97.000 habitantes.

RESIDENCIA,

Comercio y otros usos

Para romper con ésta tendencia, se apostará por una rehabilitación que se basará en una mezcla "equilibrada" de residencia, comercio, oferta cultural y de ocio y equipamientos, integrando el comercio de pequeña dimensión y la oferta hotelera y de ocio.

En este sentido, se fijan objetivos como el control de la saturación de determinados tipos de comercios pensados "exclusivamente para turistas" y no para la población residente en el centro histórico. Del mismo modo, se potenciará el comercio de proximidad "en equilibrio" con el comercio de atracción turística.

Controlar el número de establecimientos hoteleros

También se establecen objetivos como el "control" del número de establecimientos de hostelería y "reforzar la protección" frente al "exceso" de ruidos nocturnos, garantizando así "mejores niveles" de habitabilidad.

A ésta también se sumaría la "mejora" de la movilidad, "reforzando" su dimensión peatonal a través de medidas que "controlen el tráfico pesado y potencien el transporte adaptado.

Cuestiones pendientes en el casco histórico son la modernización de servicios como gas, fibra óptica y telefonía.

Rehabilitación interior

Finalmente, Hernández se ha referido a la necesidad de "facilitar" la rehabilitación interior de los edificios y, en aras de la accesibilidad, "flexibilizar ciertas exigencias" de las que, en la actualidad, se libraron "sólo" las propias administraciones, afirmó citando la problemática de los ascensores.

Por su parte, Teresa Gutiérrez ha aludido a la experiencia del equipo de 11 profesionales que se encargarán de redactar el plan: cuatro arquitectos, dos licenciados en Geografía e Historia, un ingeniero de Caminos, un psicólogo urbano, un sociólogo, un licenciado en derecho y un ingeniero en Geodesia y Cartografía.

Gutiérrez ha subrayado que se trata de un equipo con amplia experiencia en trabajos de gestión, intervención y remodelación urbana en diversas ciudades españolas.

También ha aludido a proyectos complementarios introducidos como mejoras en la oferta de la firma que realizará el plan: un plan director de remodelación paisajística y funcional de la cornisa sureste de Santiago —la que va desde la salida Este (Ourense) hasta la Sur (Milladoiro) de la AP-9—, y un proyecto de integración paisajística y funcional del Camino de Santiago dentro del tejido urbano.

Además, la empresa redactará una ordenanza de directrices de urbanización y reurbanización para la Ciudad Histórica, y se compromete a redactar el plan en formato digital FIP, lo que facilitará la consulta del documento a través de medios electrónicos.

La concejala ha destacado especialmente el compromiso de elaboración de un plan de gestión, que permitirá ensamblar la regulación urbanística con otros campos sectoriales, como las actividades económicas y comerciales, la movilidad o el turismo, con mecanismos de planificación y programación y con procedimientos de participación y de evaluación.

El Ayuntamiento ha destacado que la ciudad será pionera en dotarse de este documento, que se convertirá en una exigencia de la Unesco para las Ciudades Patrimonio Mundial.

Documento participativo

Tras la formalización del contrato, prevista para este jueves, se activarán dos órganos para fomentar la participación de la ciudadanía: una comisión de participación vecinal y una comisión ejecutiva para el seguimiento de los trabajos.

En la comisión de participación estarán representadas las asociaciones de vecinos del casco histórico, comerciantes, hoteleros y Cámara de Comercio, así como otras administraciones y organismos implicados como el Consorcio, la Xunta, la USC y la Iglesia. Se convocará trimestralmente.

En cuanto a la comisión ejecutiva, que presidirá el alcalde, se reunirá, como mínimo, una vez al mes. Estará integrada por los ediles de Desarrollo Urbanístico y de Cultura y Patrimonio, un concejal de cada uno de los grupos de la oposición —si aceptan participar—; el director del área técnica del DUS; el arqueólogo municipal; el arquitecto municipal ponente del ámbito del casco histórico y en la comisión asesora; y profesionales del urbanismo y de la arquitectura de reconocido prestigio.

Para la financiación del plan, Xunta y Ayuntamiento de Santiago firmaron un convenio para la redacción del mismo por importe de 453.200 euros, cantidad aportada a partes iguales por las dos administraciones.