La situación de Paula Belén, de 27 años, y de su pareja es desesperada. Con dos niñas de 2 y 4 años, ambos están sin empleo y viven de un subsidio de 426 euros en Tavernes Blanques (Valencia). "Estamos en un piso alquilado, pero llevamos cuatro meses sin pagar el alquiler (de 350 euros) porque no nos lo podemos permitir".

Ante esta situación, se pusieron en contacto con el Ayuntamiento, ya que les consta que hay "tres pisos sociales cerrados y sin habitar". Pero les remitieron a la Generalitat: "Dicen que es la propietaria de las viviendas y que están sin uso porque no tienen dinero para arreglarlas".

Según Paula, "el propietario de nuestra casa podría iniciar los trámites para desahuciarnos en cualquier momento y ni el Ayuntamiento ni la Generalitat nos dan una solución". Además, añade, "no queremos que nos regalen nada, solo un alquiler que podamos pagar o un trabajo".

La situación de Paula no es aislada. Decenas de familias de la Comunitat pierden su casa cada día víctimas de desahucios, mientras la Generalitat Valenciana cuenta con numerosos inmuebles vacíos que no puede poner a disposición de estas personas al estar en malas condiciones y no disponer de fondos para rehabilitarlos.

En concreto, fuentes de la Conselleria de Vivienda han informado a 20minutos que, del Programa Extraordinario de Interés de Alquiler Social que preveía la puesta a disposición de familias sin recursos de 600 viviendas, se han entregado 348, pero todavía quedan otras 252.

El Consell destinó el año pasado 255.000 euros a la rehabilitación de viviendas y, para el año que viene, tiene previsto invertir un millón de euros en reparaciones. De hecho, ya ha adjudicado las obras para adecentar 66 más.

Aun así, todavía quedarán 186 viviendas cerradas y sin ocupar, cuando en el primer semestre de este año se han producido 3.314 desahucios en la Comunitat, un 15% más que en el mismo período de 2013, según los últimos datos disponibles del Consejo General del Poder Judicial.

Estos pisos deben ser rehabilitados, ya que, o tienen muchos años, o han sido saqueados y por tanto no están en condiciones de habitabilidad.

Uno de los casos más flagrantes está en la calle Murillo 38 de Valencia, donde un edificio entero de nueve viviendas protegidas de la Generalitat que aún no se han estrenado pese a estar construidas hace dos años ha sido completamente desvalijado tras una inversión pública de 800.000 euros.

Los vecinos de la zona han comentado que han llamado "a la Policía varias veces" porque han visto "gente entrando y saliendo por los terrazas traseras", explican.