La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) ha presentado un recurso de alzada contra la sanción de 120.000 euros puesta por la Junta de Andalucía por "obstruir las medidas de la administración para garantizar la función social de las VPO", en el que la Sareb alega que "sí ha cumplido con los requerimientos de información que le ha formulado la Consejería de Fomento y Vivienda".

En una nota, la Sareb ha explicado que la administración autonómica "solicitó a Sareb en abril de 2013 un listado de las viviendas protegidas que poseía en la región. Según la entidad, ésta solicitud "se cumplió ya en 2014 tras una consulta realizada a los Registros de la Propiedad, que informaron de la existencia de 98 viviendas protegidas en esta comunidad".

En este sentido, la empresa ha justificado este retraso en el hecho de que "en abril de 2013 acaba de constituirse y de comprar una cartera masiva formada por más de 200.000 activos", lo cual, según Sareb, "le impedía responder con celeridad a los requerimientos de la Junta".

Asimismo, desde la entidad han explicado que "aunque la Sareb contaba inicialmente con una cifra estimativa de 911 viviendas protegidas en Andalucía —resultado de extrapolar los resultados de otras comunidades autónomas— no facilitó a la Junta esta estimación hasta contar con los datos exactos de los registros, que arrojaron unos resultados muy inferiores".

Además, en sus alegaciones, Sareb ha defendido que "un retraso en la entrega de esta información no supone un incumplimiento de la norma", por lo que considera que "la sanción propuesta de la Junta es totalmente desproporcionada".

De esta forma, ha explicado que "la Junta decidió sancionar a Sareb por considerar que estaba obstruyendo las medidas de la Administración para garantizar la función social de sus viviendas protegidas", según informó a finales de octubre en un comunicado, en el que también "se quejaba de que el Gobierno central hubiera utilizado en su recurso contra la Ley de Función Social de la Vivienda la estimación inicial de 911 viviendas".

Fuentes de Sareb han explicado, a este respecto, que "la constitucionalidad o no de esta norma no depende de la cifra de viviendas protegidas que pueda tener la empresa", a la vez que ha negado que "existiera intencionalidad en el manejo de los datos, dado que la cifra de 911 viviendas nunca fue facilitada por Sareb a la Junta".

En este sentido, la Sareb sí ha reconocido "que hubo un retraso en la entrega de la información provocado por la complejidad de la cartera que recibió Sareb y por el tiempo que requirió registrar todas sus propiedades, por lo que entiende que está totalmente justificado".

De la misma manera, la sociedad de gestión de activos ha recordado que "en cualquier caso que fue creada con la obligación legal de adquirir una serie de activos y venderlos en un plazo de 15 años, mandato que viene determinado en una Ley aprobada por el Parlamento, tras un acuerdo con las autoridades comunitarias".

A juicio de un portavoz de la Sareb, la Junta "pretende sancionar a Sareb precisamente por desarrollar la función que le ha sido impuesta, que es adquirir una cartera de inmuebles y préstamos con la obligación de venderlos y poder pagar así su deuda, que está avalada por todos los españoles".

Finalmente, la Sareb ha recordado que la empresa "está colaborando con las comunidades autónomas en materia de vivienda social, con la cesión de hasta 2.000 pisos en régimen de alquiler asequible". Así, "ha realizado también esta invitación a la Junta de Andalucía, pero no ha recibido aún respuesta".