La información obtenida de forma irregular se transfería a otros tres acusados que tenían una empresa encargada de obtener todo tipo de información sobre personas físicas y jurídicas relativa a sus ingresos y gastos.

La red estaba formada por funcionarios de la Tesorería General, de la Agencia Tributaria y del Instituto Social de la Marina de Cádiz, entre otros. Además, también están presuntamenteimplicados un guardia civil y otra agente del Cuerpo Nacional de Policía, por suministrar datos de placas de vehículos y titularidad de los mismos.

El dato se cotiza de 9 a 18 euros

Los integrantes de la red que obtenía información ilegalmente los vendían a empresas, entidades bancarias o despachos profesionales por un valor de entre 9 y 18 euros por dato. Estas informaciones eran utilizadas por los compradores para decidir si concedían o no dichos créditos o para averiguar los bienes a efecto de embargos. También se pasaban datos a compañías aseguradoras para establecer las indemnizaciones por accidentes.