La Diputación de Salamanca ha hecho llegar a la Fiscalía un informe interno de la Administración en el que se plantean posibles "irregularidades" de dos de sus funcionarios a la hora de la adjudicación de contratos en el área de Fomento.

La Institución provincial ha tomado esta decisión después de conocer que cinco empresas salmantinas han acumulado desde 2007 unos doce millones de euros en adjudicaciones a través de multitud de contratos para proyectos menores.

El presidente de la Diputación, Javier Iglesias, acompañado por el delegado del área de Fomento, Carlos García, ha anunciado que los dos implicados, el director del área de Fomento y el coordinador de Vialidad, han sido también apartados temporalmente de sus funciones hasta que se esclarezcan los hechos.

Para ello, además del informe, abierto el 8 de octubre y en poder del equipo de Gobierno desde el 18 de noviembre, la Institución ha entregado a la Justicia una veintena de contratos negociados y sin publicidad en el área de Fomento y relacionados con la conservación de carreteras, y que podrían haberse adjudicado de manera "irregular" a las cinco empresas.

Javier Iglesias y Carlos García han señalado que las entidades beneficiadas lo han sido desde el año 2007 hasta 2014, pero especialmente en el periodo que transcurre de 2007 a 2011, puesto que desde entonces el equipo de Gobierno empezó a cambiar los procedimientos para hacerlos "más abiertos", a lo que hay que sumar la aprobación del plan integral para la conservación, que limitó este tipo de contrataciones en el área de Fomento.

Respecto a los procedimientos de adjudicación negociados y sin publicidad, según han explicado, la ley contempla que se inviten a al menos tres empresas para que presenten sus ofertas, y se da la circunstancia de que "en numerosas ocasiones" se llamaba a tres, que en determinados casos estaban "relacionadas" por personas "próximas o familiares", y dos de ellas se retiraban antes para que solo quedase una en el procedimiento.

Según los informes con los que cuenta la Institución, estos contratos se adjudicaron por un montante total que se situaría entre los 1,2 y los 1,4 millones de euros, a los que había que sumar otros ocho millones a través de procedimientos abiertos y otros dos millones en "multitud" de contratos menores.

"TRANSPARENCIA"

Javier Iglesias ha puntualizado que el hecho de llevarlo a la Fiscalía se debe a que existen "dudas razonables" y que la intención es ofrecer "transparencia", con el deseo de que todo se haya realizado acorde a la legalidad.

No obstante, ha insistido en que las obras, más allá de los procedimientos remitidos, se han realizado y todas las órdenes de pago están fiscalizadas. Además, el presidente de la Diputación ha explicado que todas las contrataciones estaban publicadas y habían pasado por las comisiones y plenos, lo que no se sabía era el procedimiento llevado a cabo en algunos casos y que se acumulasen a través de contratos pequeños a un determinado número de empresas.