La Coordinadora para la Prevención y la Denuncia de la Tortura (CPDT) ha asegurado este viernes que entre enero de 2001 y diciembre de 2012 se presentaron en España 6.621 denuncias por torturas y malos tratos y 833 muertes bajo custodia, mientras que "tan sólo" hubo 752 condenas.

La CPDT fue creada en 2004 por más de 50 organizaciones españolas que luchan contra la tortura y, con motivo de su décimo aniversario, ha presentado los datos recogidos hasta ahora, así como un estudio sobre la tortura en el País Vasco.

El informe "Incomunicación y tortura en el País Vasco. Análisis estructurado en base al Protocolo de Estambul", ha sido elaborado por médicos, psicólogos y psiquiatras y en el mismo se han analizado 45 casos de denuncias de torturas, siguiendo el citado protocolo, avalado por la ONU, que mide la consistencia y la veracidad de los testimonios.

Todos estos datos se han presentado en Barcelona, en las jornadas "Repensar el presente para tejer el futuro", organizadas en el Colegio de Abogados de Barcelona.

En estos diez años, la CPDT ha recogido 6.621 denuncias de torturas o malos tratos y ha registrado 833 muertes de personas que estaban bajo custodia policial.

Sin embargo, esta plataforma destaca que "tan sólo" ha habido 752 condenas, de las cuales casi la mitad fueron por falta y no por delito.

El portavoz de la coordinadora, Jorge del Cura, ha denunciado el elevado número de "indultos" a miembros de los cuerpos de seguridad.

Según Jorge del Cura, "el número de detenciones por estos delitos no llega al 10 %", aunque se ha dado un leve incremento en los últimos años.

El portavoz de la Coordinadora en Cataluña, Andrés García, ha reclamado, en base a estas cifras, que se elabore un protocolo "efectivo para la investigación de la tortura y los malos tratos" ya que, actualmente, "no están siendo investigados", ha denunciado.

García ha remarcado también que la situación en la frontera sur de España es "de absoluta emergencia por las continuas situaciones de tortura que se viven a ambos lados de la valla", lo que, en su opinión, representa "una vulneración de los derechos de las personas inmigrantes".

Con relación al estudio del País Vasco, Del Cura ha constatado solo muestra "una pequeña parte de la realidad" y que el informe presentado, además de "visibilizar la práctica de la tortura en el territorio Español", también busca denunciar "la impunidad de estos delitos".

Este estudio ha sido realizado por Ohiana Barrios quien ha concluido que "las 45 personas peritadas han hecho un relato cierto y sustancialmente veraz de lo que constituyó su experiencia de detención incomunicada".

Aunque no se trata de un estudio epidemiológico, por lo que sus datos no son extrapolables al resto de la población, su objetivo principal era el de analizar la credibilidad de los relatos.

De las personas estudiadas, el 53,3 % obtuvo un grado de credibilidad de "máxima consistencia", el 31,1 % fue considerado "muy consistente" y el 15,6 % como "consistente".