La magistrada del Juzgado de lo Penal número 2 de Gijón, Rosario Fernández Hevia, ha condenado a nueve años de prisión y al pago de multas por valor de más de 16 millones de euros a cada uno de los cinco acusados por el fraude de subvenciones en Mina La Camocha. Además, les ha impuesto a los imputados, que fueron juzgados el pasado enero por tres delitos contra la Hacienda Pública, el pago conjunto de una indemnización al Estado que alcanza los 16.164.263 euros.

Así lo ha dado a conocer este viernes durante la lectura pública del fallo judicial, en la que no han estado presente ninguno de los acusados. Los letrados, al finalizar la sesión, han mostrado su intención de recurrir la sentencia, si así les autorizan sus clientes.

El recurso será de apelación ante la Sala Octava de la Audiencia Provincial de Asturias con sede en Gijón, en el plazo de diez días desde la notificación a los acusados. El fallo que dicte la Audiencia será ya firme.

Los acusados por estos hechos son: Ángel García Brugos (administrador único de Hullas Coto Quirós), defendido por Luis Tuero; Víctor Manuel Zapico (apoderado de Mina La Camocha y ex consejero de Industria del Principado por el PSOE), defendido por Ricardo Álvarez-Buylla; Manuel Martín Martín (presidente, consejero y apoderado de Mina La Camocha), asistido por José Carlos Botas; Guillermo Alfredo Honrubia Álvarez (apoderado tanto de Hullas Coto Quirós como de trabajos y Explotaciones) y Margarita García Fernández (responsable de contabilidad y apoderada de Mina La Camocha), defendida por Ana Boto.

Concretamente, esta última letrada se ha mostrado "muy decepcionada" con la sentencia, y en declaraciones a los periodistas ha recalcado que se tratan de hechos de 2011. Aún así, ha apuntado que habrá que esperar a leer la sentencia.

También a la fecha se ha referido el abogado José Carlos Botas, quien ha incidido en que, para los abogados de este caso, sus clientes no cometieron ilícito penal alguno y, en todo caso, los delitos de los que se les acusan estarían prescritos. Ha señalado que el fallo judicial coincide con la petición fiscal, aunque ha preferido esperar a ver cómo está argumentada la sentencia.

Esta también establece la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas, del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un periodo de 15 años (cinco años por cada uno de los delitos), así como el abono de las costas procesales derivadas de la causa. En caso de impago de las multas, se añadiría a la pena por cada una no abonada 270 días de cárcel.

La indemnización conjunta, asimismo, viene a resarcir el importe de las ayudas al funcionamiento y a la reducción de actividad indebidamente percibidas por la entidad Minas La Camocha S. A. en los ejercicios de 1998, 1999 y 2000.

Mezcla de carbón

En cuanto a los hechos, el fiscal había imputado a los cinco por tres delitos contra la Hacienda Pública en su modalidad comitiva de fraude de subvenciones, tipificados y penados en el artículo 308.2 del Código Penal. Para cada uno de ellos pide una condena de nueve años de prisión (tres años por cada uno de los delitos).

Los hechos se remontan a los años 1998, 1999 y 2000. Una investigación de la Guardia Civil, impulsada por la Fiscalía Anticorrupción, concluyó que en ese período la mina gijonesa, a través de empresas interpuestas, había importado a terceros países por los puertos de El Musel y Avilés o adquirido de otras explotaciones al menos 90.000 toneladas de mineral.

Ese carbón lo mezcló con el extraído del pozo gijonés para entregarlo a la térmica de Aboño como si se tratara de producción propia. Las subvenciones que recibió la mina en ese período ascendieron a 14.624.808.000 pesetas, cerca de 88 millones de euros.