El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha anunciado sus medidas sobre inmigración en una rueda de prensa en la que ha reafirmado su "autoridad legal" para adoptar las medidas ejecutivas que eviten la deportación de 5 millones de inmigrantes los próximos tres años, aunque insistió en que es necesario un marco legislativo aprobado por el Congreso.

Por ello, pidió un debate sobre el sistema migratorio estadounidense "centrado en las esperanzas y no en los miedos" del pueblo para lograr una solución integral y permanente a la situación de los once millones de indocumentados que viven en EE.UU.

"Quiero -reiteró- trabajar con ambos partidos para aprobar una solución legislativa más permanente. Y el día que firme ese proyecto de ley en ley, las acciones que hoy tomo ya no serán necesarias".

"Ahora aquí está la cosa. Esperamos que la gente que vive en este país siga las reglas. Esperamos que los que cruzan la línea no sean recompensados injustamente", afirmó el presidente, al insistir en que sus medidas no supondrán una "amnistía" para todos los indocumentados.

Obama reiteró que sigue creyendo en que "la mejor manera de resolver este problema es mediante el trabajo conjunto y aprobar un tipo de ley de sentido común".

"Pero hasta que eso ocurra -puntualizó-, hay acciones que tengo la autoridad legal de tomar como Presidente, el mismo tipo de medidas adoptadas por presidentes demócratas y republicanos antes que yo, y que ayudarán a que nuestro sistema de inmigración sea más legal y más justo".

También arremetió contra las críticas a su reforma, sobre todo las del Partido Republicano. "Para aquellos miembros del Congreso que cuestionan mi autoridad para hacer que nuestro sistema de inmigración funcione mejor, o cuestionan mi capacidad de actuar donde el Congreso ha fallado, tengo una respuesta: aprobad una ley", aseverará el mandatario en su discurso de esta noche, según ha adelantado la Casa Blanca.

"Ésa es la verdadera amnistía, dejar este sistema que no funciona como está. Una amnistía masiva sería injusta. La deportación masiva sería a la vez imposible y contraria a nuestro carácter", insistirá el presidente, en una esperada alocución en directo ante la nación.

Por otro lado, pidió a la oposición republicana que no responda a sus medidas migratorias forzando una nueva parálisis administrativa del Gobierno federal ni con el bloqueo de otras iniciativas en el Congreso.

"No dejen que el desacuerdo sobre un solo asunto imposibilite cualquier acuerdo en otra materia (...). El Congreso no debería volver a provocar un cierre de Gobierno sólo porque discrepe en este tema. Los estadounidenses están cansados del bloqueo", advirtió Obama en un discurso a la nación desde la Casa Blanca.

Obama también ha anunciado que su Gobierno dará prioridad a la deportación de quienes cruzaron la frontera ilegalmente este año.

Por mandato de Obama, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) elaborará una nueva guía de acción para que la política de deportaciones se centre en los criminales, personas con delitos vinculados a la seguridad nacional y aquellos que cruzaron la frontera desde el 1 de enero pasado.

Las acciones que está adoptando el presidente "aumentan las posibilidades de que cualquier persona que intente cruzar la frontera ilegalmente sea capturada y expulsada", destacó la Casa Blanca.

Durante el Gobierno de Obama, las deportaciones han alcanzado niveles récord de unas 400.000 al año, lo que ha generado muchas críticas entre los activistas defensores de los inmigrantes.

Los padres de ciudadanos estadounidenses y los jóvenes que entraron al país con menos de 16 años antes de 2010 son los principales beneficiarios de las medidas ejecutivas del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que afectarán a 5 de los más de 11 millones de indocumentados del país.

De acuerdo a la explicación de la Casa Blanca de las medidas:

Los inmigrantes podrán acogerse a un plan para evitar ser deportados temporalmente y obtener un permiso de trabajo si pueden demostrar que no tienen antecedentes penales, pagan impuestos, una multa y cumplen los siguientes requisitos:

El Gobierno advierte que revisará cada caso cuidadosamente y al igual que con cualquier otra solicitud de inmigración advierte de que ocultar hechos o faltar a la verdad puede ser motivo para la apertura de una causa penal y la posible expulsión del país. El Gobierno también advierte a quienes van a solicitar acogerse al programa de que estén atentos a posibles estafas de personas que se ofrezcan a ayudarles como intermediarios con los servicios de inmigración.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) llevará a cabo un plan para fortalecer la frontera sur y los esfuerzos de las agencias que trabajan en asegurar los límites territoriales. El Departamento de Justicia realizará una serie de reformas en las cortes de inmigración para desatascar los casos pendientes y trabajará con el DHS para adjudicar más rápidamente los casos de los individuos que cumplen con las nuevas prioridades de expulsión y cierre los casos de individuos que no son considerados prioritarios.

El Departamento de Trabajo aumentará las opciones de protección de las víctimas de delitos y de tráfico de personas que cooperaren en investigaciones del Gobierno.

El DHS emitirá un memorando para que las agencias de seguridad centren las deportaciones en quienes supongan una amenaza para la seguridad nacional y la seguridad pública, como sospechosos de terrorismo, miembros de grupos criminales y quienes hayan cruzado la frontera desde el 1 de enero, que serán considerados "prioritarios".

El programa Comunidades Seguras, que permite a las autoridades verificar los antecedentes migratorios y delictivos de los extranjeros que son detenidos, se reemplazará por otra iniciativa centrada en procesos de expulsión de condenados por delitos penales.