La querella que UPyD presentó en el Tribunal Supremo contra el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, y varios miembros de la Mesa del Parlament catalán por actuaciones relacionadas con la consulta soberanista del 9-N ha sido planteada este jueves ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

UPyD asume un reciente auto del TS señalando que los hechos son competencia del Tribunal Superior catalán, por lo que desestimó la querella del partido magenta, que acusaba también a la presidenta del Parlament catalán, Nuria Gisbert, y otros miembros de la Mesa del Parlament. Además, se hace eco de la propia celebración de la convocatoria alternativa del 9N y, a partir de ello, amplía la querella (por tercera vez) ante la aparición de nuevos hechos. De este modo, incluye entre los acusados a miembros del Ejecutivo catalán.

El Supremo recordó en su auto que el Estatuto de Autonomía de Cataluña establece que corresponde al Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad autónoma decidir sobre la inculpación, el procesamiento y el enjuiciamiento del presidente de la Generalitat y de los consellers. Así, la querella se hace eco de este auto, al mismo tiempo que asume la competencia del TSJC, apunta la posibilidad de que se llegue a plantear un conflicto de competencias entre ambos.

"Las conductas que motivan la querella se han desplegado en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cataluña", dice la querella. Sin embargo, al mismo tiempo señala que no excluye que "los presuntos delitos también se hayan podido cometer fuera de los límites territoriales de Cataluña, lo que eventualmente podría devenir en un conflicto de competencia entre la Sala Segunda del Tribunal Supremo y la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña".

La querella amplía las personas objeto de acusación y, así, además de actuar contra Mas y Gispert y otros miembros de la Mesa del Parlament (Anna Simó, Lluís M. Corominas, Josep Rull y David Companyon), se dirige también contra varios miembros del Ejecutivo catalán a partir de hechos ocurridos el propio 9-N. Concretamente, contra la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega; la consejera de Enseñanza, Irena Rigau, y el de Interior, Ramon Espadaler.