El Gobierno anunció en abril, después de uno de los primeros trimestres de año más dramáticos en número de mujeres asesinadas por sus parejas, un paquete de medidas que incluía un nuevo protocolo para medir mejor el riesgo de las maltratadas y protegerlas de sus agresores. Los ministerios de Sanidad, Interior y Justicia crearon un equipo multidisciplinar —con policías, juristas y expertos— para diseñar el nuevo cuestionario que siete meses después todavía no se aplica, según confirmaron a 20minutos fuentes del Ministerio de Sanidad. El paquete de medidas era una urgencia para frenar la sangría de mujeres muertas a manos de sus parejas. Mientras tanto, en ese periodo de tiempo, 21 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas.

En Sanidad se justifican explicando que "la revisión del cuestionario no es un proceso sencillo", aseguran que "todavía se está testando y hasta que no se demuestre que mejora su eficacia en la detección del riesgo no estará en disposición de aplicarse", informan. Sin dar una fecha exacta, el Ministerio confía en ponerlo en marcha "cuanto antes".

El protocolo sustituirá al actual, que entró en vigor en 2007. Es un formulario con una quincena de variables informativas sobre las víctimas y los acusados. Lo utiliza la policía para establecer el peligro que corre la integridad de la mujer que denuncia, si es un peligro muy bajo, bajo, medio o alto. El nuevo protocolo pretende calibrar mejor dicho riesgo, para lo que se introducirán nuevas medidas. De su resultado dependerán las medidas de protección más adecuadas para la protección de cada mujer. Hoy en día, las que están catalogadas como en máximo riesgo son permanentemente custodiadas por la Policía, mientras que las de "riesgo bajo" solamente son contactadas por teléfono.

El objetivo de revisar los riesgos es, sobre todo, el de frenar el número de mujeres que habiendo denunciado terminan asesinadas por sus parejas. Que cada vez son más en España. De las 44 fallecidas en lo que va de año, casi una de cada tres (14) había interpuesto una denuncia contra su verdugo por malos tratos. Ese porcentaje era del 20% en años anteriores. No estar garantizando la seguridad de las maltratadas que denuncian en comisaría o en los juzgados es una de las principales preocupaciones de la Delegación del Gobierno en esta materia.

Algo que también preocupa es la reducción paulatina de las denuncias desde 2008. Tras un mes de agosto aciago en número de fallecidas a manos de sus parejas o ex parejas, el 3 de septiembre la ministra de Sanidad, Ana Mato, anunciaba un "pacto social" para reformar la ley de violencia de género (que el 28 de diciembre cumple diez años) y la aprobación de iniciativas para impulsar las denuncias y que estas prosperen correctamente. Una de las medidas anunciadas era la asistencia jurídica gratuita en todas las comisarías para que la mujer pueda interponer la primera denuncia con garantías, para que pueda dar viabilidad al procedimiento judicial. Este asesoramiento previo tampoco se ha implementado a día de hoy. En el Ministerio de Sanidad aseguran, sin embargo, que es una de sus prioridades.

Por otra parte, con motivo del décimo aniversario de la aprobación de la Ley Integral de Violencia de Género, el observatorio del CGPJ ha reunido en un informe las cifras globales de la ley. El conjunto de denuncias supera el millón y las sentencias suman 422. 781. De su estadística, hasta diciembre de 2013, se deduce que las denuncias van cuesta abajo desde 2008. También baja el porcentaje de las sentencias condenatorias. Del 82% al 73% en los juzgados específicos de violencia de género y del 60% al 51% en los juzgados de lo penal. La mayoría de las veces lo que ocurre es que se dicta el sobreseimiento temporal de las causas ante la falta de indicios suficientes para probar las denuncias.

Los expertos llaman la atención sobre este incremento de los sobreseimientos en violencia de género. Se han doblado desde 2005, cuando eran unos 10.000 al semestre, y ya superan los 23.000. Es un 131% más, según el CGPJ. Las principales causas que llevan al sobreseimiento son, explican, denuncias con pruebas insuficientes, porque, por ejemplo, la mujer se acoge a su derecho a no declarar contra su ex. Está comprobado que en la mayoría de las ocasiones renuncian a declarar por miedo a qué va a pasar con sus hijos, por no ser conscientes de que son mujeres maltratadas o porque dependen económicamente del agresor.